García Cabeza de Vaca, primera víctima judicial de Lozoya

Adrián Trejo

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La noche de ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Moisés Ignacio Mier Velazco, subió a sus redes la petición de desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hecha por la Fiscalía General de la República.

El panista está acusado de ser probablemente responsable de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La petición fue presentada hoy por Ancelmo Mauro Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la FGR, Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal de la Unidad y por Elizabeth Alcantar Cruz, agente del ministerio público.

Se pide iniciar un juicio de declaración de procedencia, que derivará, si la Cámara de Diputados accede, en el desafuero del gobernador.

García Cabeza de Vaca ha sido señalado por Emilio Lozoya Austin como uno de los integrantes de un grupo de senadores panistas que recibieron sobornos para apoyar la reforma energética de Peña Nieto.

La FGR no había tomado acción en contra de ninguno de los involucrados por el ex director de Pemex.

El único que había sido llamado a declarar había sido el ex senador Jorge Luis Lavalle, pero su audiencia se pospuso por causa de la pandemia.

El tamaulipeco ha sido uno de los críticos más severos de la administración de López Obrador; forma parte de la Alianza Federalista, un grupo de diez estados que piden al Gobierno replantear el pacto fiscal para redistribuir equitativamente los recursos públicos.

La petición de desafuero tomó por sorpresa a los mismos gobernadores del PAN, que en las últimas horas se habían dedicado a responder a la carta que les envió López Obrador pidiéndoles que no se involucren en las elecciones de junio próximo.

Independientemente de lo que ocurra con Lavalle, el gobernador de Tamaulipas se convirtió en la primera víctima judicial de las confesiones de Lozoya, que a él lo mantienen fuera de prisión.

Más tarde, a través de sus redes sociales, el gobernador acusó el “uso faccioso de la justicia donde no hay delito’’.

“Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello’’.

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Mire lo que es ser canchero.

O como quiera llamarle.

Como estaba previsto, Morena aprobó en lo general por mayoría de 304 votos contra 179 en contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Se hicieron más de 400 reservas pero la mayoría de ellas fueron de ¡los diputados de Morena!

¿Y para que las hicieron si tenían órdenes de no moverle una coma al documento?

Para echar su rollo nacionalista, su justificación partidista, es decir, para el adoctrinamiento político.

Al final de cada intervención de los diputados morenistas, “bajaban’’ su respectiva reserva.

Pues sí.

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México debe ser el único país del mundo en el que se emplean cartas para pedir y comprometer el respeto de sus leyes, incluyendo la Constitución.

En las primeras semanas de su administración, López Obrador firmó una carta en la que se compromete a no intentar reelegirse, aunque ese es principio fundamental de nuestra democracia y está prohibido por la Constitución.

El propio Presidente envió una carta a los gobernadores en la que les pide, básicamente, que se abstengan de intervenir en las elecciones de junio próximo.

Eso también está prohibido por nuestras leyes, desde la Constitución hasta la legislación electoral.

O el Presidente cree que esas cartas, que en realidad no comprometen a nada porque no son vinculantes sino meros actos propagandísticos, son parte de la transformación del país o que nuestros políticos son desmemoriados o tramposos.

Quizá ambos.

LEG