Hay un programa focalizado en el Metro para atender a esta población vulnerable, informó la directora del DIF-CDMX, Esthela Damián
Hay un programa focalizado en el Metro para atender a esta población vulnerable, informó la directora del DIF-CDMX, Esthela Damián

Entre 2000 y 2012, la tasa de homicidios contra niños y adolescentes de cero a 17 años pasó de 1.7 a cuatro por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento de 235%, según el Informe Alternativo sobre la Situación de Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia México.

Indicó que la corrupción y cooptación de las instancias de Gobierno por parte del crimen organizado han agravado la situación para este sector de la población.

A fin de erradicar la integración de niños y adolescentes a la delincuencia, los diputados de Morena Lorena Villavicencio y Porfirio Muñoz Ledo presentaron una iniciativa que reforma la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Con ello, buscan establecer medidas de protección, supervivencia y reintegración a la sociedad de menores de edad vinculados con la delincuencia organizada hasta su mayoría de edad.

Explicaron que el uso de niños, niñas y adolescentes para la delincuencia ha sido una práctica que los criminales han visto como una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas.

Según la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2017, que citaron los legisladores, hay seis mil 891 adolescentes en el Sistema de Justicia

Penal, de los que 82.2% contaba con una sanción.

En su iniciativa, los diputados explican según expertos, los niños son víctimas de secuestros o sus familias fueron extorsionadas para obligarles a trabajar para delincuentes, algunos más se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo, y en el menor de los casos, los adolescentes deseaban unirse a las bandas.

El común denominador, señalan, es que son víctimas y victimarios que padecen los impactos del crimen organizado; por ello, no es posible criminalizar a los niños.

LEG