El presidente López Obrador anunció la creación de una distribuidora estatal de medicamentos, con la cual pretende sustituir a las comercializadoras que, según él, “se han portado mal’’.

De acuerdo con el proyecto presidencial, dicha distribuidora, a cargo de David León, tendrá la tarea de llevar a “cada rincón del país’’ los medicamentos que requiere la población.

López Obrador alguna vez dijo que si al pueblo más lejano llegaba la Coca-Cola ¿cómo no iba a ser posible la distribución de los medicamentos?

Eso está por verse.

Y quienes podrían distribuir los medicamentos, de la forma en la que piensa el Presidente, adivinen de quién se trata.

Exactamente, de las fuerzas armadas.

A menos que David León creara en un mes rutas de distribución para todo el país, lo cual es imposible.

O utiliza la capacidad de desplazamiento y de integrantes de las Fuerzas Armadas o de plano le pide a Coca-Cola y Bimbo, que son las empresas que tienen perfectamente dividido al país en rutas de entrega.

Lo que sigue al anuncio presidencial es un periodo de desabasto.

¿Qué tan largo o corto será? Eso depende de las negociaciones del encargado de la nueva distribuidora con quienes tengan la capacidad de mover de forma rápida y segura la valiosa carga.

Lo deseable sería que hubiera concursos estatales para concesionar el transporte y carga de medicamentos, pero como eso también sería corrupción, en la visión de la 4T, lo más seguro es que se apueste por los militares.

Otra vez…

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Más de 400 mil contagiados y 46 mil muertos después, la Secretaría de Salud acepta incluir entre sus recomendaciones de prevención contra el Covid-19 el uso del cubrebrocas.

La pregunta se ha hecho mil veces pero la respuesta solo queda en la imaginación: ¿Qué habría ocurrido si desde los primeros contagios el Gobierno obliga a la población a usar el cubrebocas?

¿Qué habría pasado si el presidente López Obrador hubiera puesto el ejemplo desde marzo pasado?

La pandemia no cede, por más buena voluntad que le pongan en el Gobierno de la 4T.

La estrategia del Gobierno federal no ha funcionado; no lo decimos quienes opinamos sino las cifras diarias que no descienden.

Y seguramente por eso, el Gobierno federal, por conducto del subsecretario Hugo López-Gatell, pretendía que en los lineamientos del semáforo federal se incluyera un párrafo que advertía que los gobernadores “incurren en responsabilidades administrativas y penales si no toman las medidas necesarias para el cuidado de la salud’’.

López-Gatell aseguró que es responsabilidad de la Secretaría de Salud fijar los lineamientos generales pero que la dependencia no podía dejar al criterio de los gobernadores si se cumplían o no.

Por eso quería incluir lo de la responsabilidad administrativa y penal, a pesar de que, cuando se acordó la aplicación del semáforo la Secretaría de Gobernación estuvo de acuerdo en que fuera regional.

Por eso cada dos semanas la Secretaría de Salud entrega a los gobernadores sus propuestas de semáforo, tomando en cuenta el número de contagios registrados, el número de fallecidos y el número de camas ocupadas en los hospitales.

Los estados han decidido el color de su semáforo incluso en contra de las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

El tema ahora es que, con los contagios y muertes sin declinar, la Secretaría de Salud hace recomendaciones preventivas en las que se incluye, por primera vez, el uso del cubrebocas.

LEG