FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO Ricardo Monreal, propuso reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para castigar hasta con 22 años 6 meses de prisión  

Con el fin de sancionar el fraude electoral, el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para castigar hasta con 22 años 6 meses de prisión, cuando se determine.

 

La iniciativa propone la integración de un tipo penal que busca que las afectaciones a los procesos electorales no queden impunes y, dar un ejemplo a la sociedad para “persuadir a aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas”.

 

El tipo penal que se busca adicionar indica que si dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o bien, para realizar dos o más conductas previstas como delito en la ley mencionada, la pena que se impondrá será de cinco a 15 años de prisión y multa de 1500 a 7500 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), es decir, hasta 651,600 pesos.

Esta pena aumentará hasta una mitad, cuando en el proceso electoral o en alguna de sus etapas, se comprueben violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes, en detrimento de uno o más de los principios constitucionales.

 

Esto también aplicará cuando las conductas delictivas cuenten con el consentimiento o la participación de una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata.

 

En la exposición de motivos el senador  Monreal iniciativa, detalló que la propuesta tiene sustento en la necesidad de discutir y reformar la legislación aplicable en materia penal electoral, para hacer más eficiente la labor de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de mejorar la relación con la autoridad y con la actividad jurisdiccional.

 

Recordó que aunque existen tipos penales que definen las conductas consideradas como delito electoral, debe garantizarse la correcta aplicación de éstas para que los procesos electorales se desarrollen cumpliendo los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y objetividad.

 

TFA