Padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise las cuentas de ex funcionarios que realizaron la primera indagatoria del hecho en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Ver todo el tema de la Unidad de Investigación Financiera para que varios actores de personas que están detenidas, como los Abarca (José Luis y María Ángeles), pero también Tomás Zerón de Lucio (ex titular de la Agencia de Investigación Criminal) puedan ser investigadas desde esa esfera… de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador federal) (sic)”, expresó Vidulfo Rosales, abogado de los padres, en mensaje a medios realizado al concluir la sexta reunión con el mandatario.
Indicó que eso se presentó mediante un escrito de tres apartados, donde también piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigue y se implementen acciones penales contra los responsables de construir investigaciones irregulares y haber incurrido en tortura, así como tomar nuevas acciones penales contra las personas liberadas y que podrían salir en libertad.
Al Poder Judicial le plantearon que se exploren mecanismos jurídicos, como para crear un tribunal donde se concentren todos los asuntos competentes a la averiguación, a fin de que no haya dispersión porque los jueces resuelven de forma disímbola.
Además, indicó que como parte de los avances se enviaron a análisis nuevas pruebas encontradas en puntos cercanos a Iguala y los municipios aledaños.
“Se han hecho cinco búsquedas más con importantes hallazgos que ya fueron enviados a Innsbruck, estamos hablando e hallazgos nuevos, esperamos que lleven el curso de identificación y en un plazo nos estén dando los resultados”.
El representante legal de los familiares agregó que el mandatario les firmó de recibido el escrito; se congratularon de que por primera vez estuvo presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En la reunión también estuvieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; el fiscal general, Alejandro Gertz;y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
PAL