Antes de que entre en vigor en enero próximo la Reforma Penal Fiscal, conocida también como Ley Antifactureras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya logró recaudar dos mil nueve 970 mil 115 millones de pesos, por parte de siete empresas que se acercaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría Fiscal de la Federación para corregir su situación tras admitir que compraron facturas falsas.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo en conferencia de prensa que el acercamiento de las empresas para arreglar su situación fiscal, impidió recurrir a un “terrorismo fiscal” con las compañías.

“Ni siquiera se tuvo que poner en vigor la Ley, con la pura publicación del texto empresas que estaban conscientes que compraron facturas falsas y se corrigieron. No hubo necesidad de poner en practica asuntos fiscales”, argumentó el funcionario.

Sin dar a conocer el nombre o sector al que pertenecen las empresas que compraron facturas falsas, el responsable del erario público mexicano se congratuló de que las compañías fueran las que se acercaron a las autoridades hacendarias para contribuir con los impuestos omitidos y así pagar los recargos luego de un acuerdo reparatorio a favor de Hacienda.

Dicho acuerdo se atestiguó ante la Fiscalía General de la República (FGR), con lo cual quedó extinta alguna acción penal en contra de las siete empresas.

El pasado 16 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una serie de iniciativas para que la SHCP tuviera más herramientas en su lucha contra la evasión fiscal y de las empresas “factureras”. Dichas reformas se publicaron el 8 de noviembre y entrarán en vigor a partir del 1 de enero próximo.

En este contexto, Herrera Gutiérrez destacó que las modificaciones son eficaces y han resultado “poderosas” a pesar de aún no entran en vigor. “Esperamos que más empresas se sigan autocorrigiendo”, comentó.

Finalmente, el secretario de Hacienda adelantó que la Procuraduría Fiscal de la Federación trabajará en lo que resta del año con diversas empresas que ya se acercaron para corregir su situación fiscal y así evitar problemas penales.

A la conferencia de prensa acudió también Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, quien explicó que las siete empresas sí “estaban conscientes de lo que estaban haciendo”, entonces al saber de las repercusiones que tendrían con la aplicación de la reforma, decidieron autocorregir su situación fiscal y acercarse a las autoridades para asesorarse y pagar los impuestos omitidos anteriormente.

LEG