La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó de fatal la resolución y actuación del juez que llevó el caso de Abril y que reclasificó la tentativa de feminicidio a violencia familiar, lo que permitió al agresor llevar su proceso en libertad.
Al reconocer que no ha leído el expediente pero que sí ha conocido del tema, lamentó los argumentos del juez para reclasificar el caso, luego de que la mujer fuera golpeada con un bate en la cabeza mientras dormía y herida con un bisturí por su entonces esposo, Juan Carlos García.
“El argumento toral del juez fue verdaderamente insostenible”, dijo al aclarar que ella no puede suponer si hubo o no dinero de por medio, pero recalcó que “su argumentación jurídica no fue sólida”.
Insistió en que se debe armonizar el tipo penal de feminicidio en todo el país, de acuerdo con estándares internacionales, ya que en algunos estados cuenta con elementos que permiten la libertad de los agresores.
La encargada de la política interior del país reiteró que los jueces están bajo la lupa aún cuando se respeta la autonomía del Poder Judicial, pues han llegado más de dos mil casos de diversa índole a la Unidad de Fortalecimiento a la Justicia para que se revisen posibles errores o inconsistencias judiciales.
“Nosotros estamos revisándolos, respetando la jurisdicción y el ámbito de los jueces, pero sí estamos teniendo una llamada de atención sobre todo a los consejos de la judicatura y a los presidentes”.
La ex ministra resaltó la importancia de acabar con la impunidad, pues recordó que de 33 millones de delitos cometidos sólo se denuncian un millón 900 mil, de los cuales solo se judicializa 20 por ciento, y de eso sólo tres por ciento logra una sentencia.
“Entonces la probabilidad de que un delincuente de alta peligrosidad tenga consecuencias por su conducta es de cero o mínima”, agregó.
FV