El dictamen que reforma diversas leyes y códigos para castigar con presión preventiva oficiosa la emisión de facturas falsas fue aprobado ayer por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara de Diputados.

El dictamen pasa hoy al pleno de la Asamblea para su discusión, votación y de aprobarse pasará al Ejecutivo para su publicación; requiere únicamente de mayoría simple para ser avalada .

En el debate de ayer, el proyecto fue criticado por diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano e incluso de Morena por considerar un exceso catalogar la emisión de facturas falsas como asunto de seguridad nacional y equiparable a crimen organizado.

La coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo, que las medidas que se proponen son violatorias a los derechos humanos y de los derechos de propiedad de los ciudadanos.

Con el dictamen aprobado la emisión de facturas falsas será un delito que ameritará presión preventiva oficiosa.

“Esta es una medida que viola los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal; vulnera la independencia judicial, vulnera el derecho a la integridad personal; viola el principio de igualdad ante la ley; afecta el sistema de justicia penal; favorece la amplitud de los supuestos de aplicación, y favorece la falsa imputación de delitos”, resaltó la perredista.

El diputado Elías Lixa (PAN) señaló que el delito de facturación falsa tiene las redes más grandes que existen en el país, por lo que cuestionó la efectividad de la medida metiendo a la cárcel a quien comete el ilícito, pero no se atacan sus redes de operación.

Antonio Ortega, legislador del PRD, expresó que con el dictamen se tomó la decisión política de migrar de un modelo de países modernos con información tributaria, con la máxima colaboración de un modelo de vigilancia, de disuasión y prevención “que utiliza la inteligencia, la tecnología, prácticas capaces, tiros de precisión para localizar a los evasores fiscales, (y) se modifica ese método por uno de miedo, persecución y terror”.

Con todo contra factureros…

Se impondrá de dos a nueve años de prisión, al que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Será sancionado de dos a nueve años de prisión, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo.

Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por este delito.

 

LEG