El ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rompió con el tradicional silencio y neutralidad del máximo tribunal de la nación.

Zaldívar acudió al programa de uno de los más destacados apologistas del gobierno de López Obrador, para denunciar “que había sido presionado’’ en el gobierno del presidente Felipe Calderón.

No explicó cómo fue presionado, pero un día después aseguró que la presión se ejerció durante los juicios de los casos del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, y de la supuesta secuestradora francesa Florence Cassez.

La denuncia resulta por lo menos curiosa, porque ocurre cuando la Corte está a dos fuegos: por una parte el gobierno de la 4T impulsando una reestructuración total y, por otra parte, bajo la mirada inquisitoria de la sociedad.

No es para menos.

Durante años, la corrupción en la Corte se ha mencionado casi a nivel de chisme y después de anécdota, pero con los casos de Eduardo Medina Mora y ahora con el de Jorge Arturo Camero Ocampo, ministro del influyente Primer Circuito de la SCJN, develado por el propio Zaldívar, la bola de nieve se ha echado a rodar.

Lo de Medina Mora es un asunto avanzado y por lo que se ve, lo de Camero Ocampo, quien es uno de los magistrados que votaron a favor de la suspensión de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, trae mucha hebra.

Se le acusa de encabezar una red de corrupción que no alcanzamos a adivinar.

La cuestión es que el mismo presidente de la Corte haya salido a informar sobre la suspensión de Camero Ocampo “por inconsistencias en sus ingresos’’, cuando generalmente esos anuncios se hacían por medio de un boletín.

¿Qué cambió para que el ministro presidente la hiciera de vocero? ¿Lo hizo por congraciarse con el gobierno de la 4T o como una manera de defender la autonomía de la Corte?

Al principio de esta semana, en respuesta a un tuit de Diego Valadés, Zaldívar afirmó que “la Corte no es, ni puede ser partido de oposición, no es su papel, ni su función en una democracia constitucional’’.

Cierto, pero la actuación del ministro presidente y de sus declaraciones en contra del villano favorito de este gobierno, que bien se pudo ahorrar, lo hacen parecer parte del propio gobierno.

Y ése tampoco es el papel de la Corte.

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La Marina y el Ejército son las dos instituciones que mayor reconocimiento y confianza generan a los habitantes de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Según una encuesta realizada por la Comisión de Asuntos Frontera Norte que preside el priista Rubén Moreira, en conjunto con el Centro de Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, reveló que 32.2%, de una muestra de 900 personas, considera que las autoridades son parte de la delincuencia.

El estudio arrojó la siguiente calificación en favor de las dependencias: Armada de México, 8.5; Ejército Mexicano, 8.1; Guardia Nacional, 7.5; Policía Federal, 6.5; Policía Municipal, 5.3; Ministerio Público, 5.4; y Jueces, 5.4%.

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Quien parece que va encarrerado por la candidatura del Verde a la gubernatura de San Luis Potosí es el diputado Ricardo Gallardo.

El ex coordinador de la fracción perredista se ha sumado a la causa del gobierno lopezobradorista y ha tenido gestos de deferencia de los miembros del gabinete, como de Olga Sánchez Cordero, con quien se le vio muy platicador el martes pasado.