Políticamente, el siglo XXI en América Latina ha estado marcado por una intensa pugna entre la izquierda y la derecha. La constante alternancia de gobiernos afines a alguna de estas ideologías ha hecho que sobre las coordenadas políticas de la región persista una especie de péndulo ideológico. Probablemente, las secuelas de las múltiples dictaduras que se establecieron en diversos países de la latitud son elementos fundamentales para que esta situación sea recurrente. Naciones como Chile o Perú pasaron de tener gobiernos dictatoriales a ser dirigidos por partidos de izquierda.

Precisamente, Perú atraviesa hoy una coyuntura importante que quizá marcará el rumbo de su futuro político. En 1990, Alberto Fujimori fue electo como Presidente de esa nación andina. Dos años después, llevó a cabo un autogolpe de Estado, modificó la Constitución de su país para permitir su reelección y permaneció en el poder hasta el 2000, cuando en medio de presiones políticas presentó su renuncia al cargo al Congreso peruano, desde Japón, vía fax. Regresó al continente en 2005, fue enjuiciado y encontrado culpable por diversos delitos. En 2019, después de haber sido indultado, Fujimori volvió a prisión.

A Fujimori le siguieron distintos mandatarios, pero en 2011, Ollanta Humala, un candidato con ideología de izquierda, llegaría a la presidencia después de vencer a Keiko Fujimori, fundadora del partido de derecha Fuerza Popular. A Humala lo sucedió Pedro Pablo Kuczynski, quien fue postulado por un partido de derecha y que también derrotó a Keiko Fujimori. Sin embargo, a pesar de que Kuczynski ganó la presidencia, Fuerza Popular obtuvo la mayoría en el Congreso, y en 2018 tuvo que renunciar por supuestos vínculos con actos de corrupción, así que el vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia.

Actualmente, Keiko Fujimori está siendo investigada por haber recibido fondos de la compañía Odebrecht, los cuales supuestamente fueron utilizados en su campaña presidencial de 2011. Debido a la constante corrupción existente en Perú, Martín Vizcarra ha intentado llevar a cabo reformas que permitan combatir y prevenir estos actos, sin embargo, todas sus iniciativas han sido bloqueadas en el Congreso por quienes integran Fuerza Popular. Ante tal situación, y después de que el Congreso intentó cambiar la composición del Tribunal Constitucional para influir en el juicio de Keiko Fujimori, Vizcarra decidió disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones.

Ya disuelto y sin facultades, el Congreso fujimorista decidió destituir a Vizcarra para posicionar en la presidencia a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. El mandatario ya ha tomado acciones y está por nombrar a un nuevo gabinete, pero mientras tanto Perú se encuentra al filo de una crisis institucional. En todo esto se puede distinguir el corrosivo efecto de la derecha fujimorista, que por casi treinta años ha sido un lastre para el desarrollo del país.

Situaciones como ésta nos alertan sobre la necesidad de hacer frente a las constantes resistencias al cambio, y nos hacen recordar la importancia de dotar a todas nuestras instituciones de la legitimidad necesaria.

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