Boris Johnson, primer ministro británico, prometió ayer -durante una entrevista para BBC Radio, desde Manchester, sede de la convención de su partido, el Conservador-, que “muy pronto” presentará una nueva propuesta de acuerdo de salida de la cúpula de la Unión Europea (UE).
Lo anterior, antes de la cumbre de líderes europeos que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre. Algunos medios locales consideran que esto podría ocurrir entre mañana y el viernes.
Sin embargo, como se ha notado desde su llegada al cargo, funcionarios de Bruselas desconfían de la voluntad real del conservador para enmendar el acuerdo de Theresa May: “No hemos recibido ninguna propuesta de Reino Unido”, declaró una fuente anónima de la UE a la agencia AFP.
Otra, citada por el diario The Independent, menciona que su postura de aplazamientos, titubeos y dobles mensajes, es “kamikaze”, ya que usa como amenaza y carta política un posible Brexit sin acuerdo.
La Cámara de Comunes aprobó el mes pasado una cláusula para obligar al primer ministro a solicitar a la UE una nueva prórroga hasta, como mínimo, el 31 de enero de 2020, si para después de la cumbre ya mencionada aún no se pacta un nuevo Brexit con los otros 27 estados miembros. Pero Johnson, sin aún clarificar cómo, continúa diciendo que el 31 de octubre el Reino Unido saldrá con o sin un acuerdo del grupo.
“Saldremos de la UE el 31 de octubre, invertiremos más dinero en el Servicio Nacional de Salud y tomaremos medidas enérgicas contra los delitos violentos”, subió a su cuenta de Twitter hace poco. No obstante, esto podría presentar un problema constitucional sin precedentes. Por ejemplo, si el premier decidiera no firmar la solicitud de prórroga a la UE, habría esencialmente dos caminos: se abriría un proceso de impeachment (destitución) desde el Parlamento contra Johnson; o una orden judicial lo obligaría a hacerlo, y si fallase en cumplir, él y la burocracia involucrada serían sancionados judicialmente, lo que muy probablemente llevaría al juicio político.
Al igual que hace casi un año, el asunto que detiene tanto las negociaciones como la obtención del apoyo mayoritario de los parlamentarios, es la salvaguarda irlandesa. La UE no quiere una frontera física entre las dos Irlandas, ya que esto podría reactivar el conflicto étnico y político que enfrentó a los unionistas del Norte y a los republicanos de Irlanda, entre los 60 y hasta los Acuerdos del Viernes Santo de 1998.
El modelo propuesto por Bruselas implicaría que, si no se logra una acuerdo comercial antes del 31 de diciembre de 2020, el Norte (Reino Unido) permanecería dentro del mercado único de la UE para así evitar chequeos aduanales entre esta parte de la isla y la República. No obstante, esta situación, para los opositores a la cláusula, destruiría la integridad del Reino Unido al fomentar la unión de las Irlandas.
fahl