Por estrategia, por omisión o porque tienen otros datos, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, guardaron silencio sobre los dos temas que ocupan la agenda nacional: las redadas anunciadas por Trump y el cochupo realizado por el Congreso de Baja California.

El jueves pasado, cuando Donald Trump anunció las redadas masivas, el Gobierno mexicano guardó silencio.

Fue dos días después en donde hubo una declaración, pero no para condenar las redadas, como era de esperarse, sino para advertir que México no enviaría ninguna nota diplomática al gobierno de Trump.

El Gobierno mexicano se tardó en reaccionar, acaso porque no creyó que el Presidente de EUA se atrevería a cumplir su amenaza.
Hasta ayer el canciller Ebrard rechazó –otra vez- que México sea “el tercer país seguro’’, obligado a recibir a los migrantes que Estados Unidos rechace.

El rechazo, sin embargo, es sólo mediático.

Ahí están las imágenes de los refugios para migrantes en la frontera, en donde se amontonan hombres, mujeres y niños que fueron deportados de la Unión Americana y los que aún creen que pueden cruzar la frontera.

Se ve que el Gobierno de nuestra nación trata “con pinzas’’ la relación con Trump y no lo quiere incomodar ni con la hoja de una notita diplomática.

El otro caso es también grave.

Que la responsable de la política interna del país se haya quedado muda ante el atropello cometido por el Congreso de Baja California es una mala señal.

Como si el hecho de que se haya ampliado el periodo del próximo gobernador Jaime Bonilla fuera un chistorete y no un atentado a la democracia, Sánchez Cordero ha escurrido el bulto.

Mejor desde el Congreso se ha condenado la sospechosa acción, se han abierto los debates, bueno, hasta la iniciativa privada ha condenado públicamente esa ampliación, pero la secretaria de Gobernación, que se supone que está para vigilar que la marcha de la política interior se apegue a la Constitución, ha cerrado los ojos.

Como si con ello se eliminara el cochinero.

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¿Qué se comió el ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, que ya hasta siete expedientes tiene abiertos en la Función Pública?
Algo muuuyyy malo debió haber hecho el otrora inamovible empresario, amigo y gente de toda la confianza de López Obrador para que haya sido exhibido públicamente.

Porque eso del conflicto de intereses en la 4T también se puede aplicar a otros funcionarios de mayor peso, como al encargado de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, sólo por citar a uno.

Como quiera, Lomelí puede estar tranquilo, pues no sólo lo investigan a él, sino también al director médico del ISSSTE, Ramiro López, quien dicen era casi su socio.

Y mientras eso pasa con el director médico del ISSSTE, su director general, Antonio Ramírez Pineda, sigue recorriendo la legua para conocer personalmente la situación de sus hospitales en el territorio nacional.

Ramírez celebró que López Obrador haya realizado el fin de semana una gira por las clínicas de los estados de Guerrero y Chiapas, porque eso le permitirá disponer de un diagnóstico más real de los retos que enfrenta el sector salud en el país.

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Hoy debería comparecer en Comisiones en San Lázaro el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera; su comparecencia está en veremos porque los trabajadores no sindicalizados del recinto legislativo convocaron al cierre de puertas y bloqueo de vías de acceso en protesta por los despidos que están padeciendo.

A ver si llega Herrera.