No queda duda que todos los días los ciudadanos vivimos una crisis de inseguridad que va en aumento, esto pese a que las autoridades estatales y federales aseguran que sólo se trata de percepción.

Por años nos acostumbraron a los discursos en los que se decía que el gran número de homicidios era parte de una guerra entre las propias organizaciones criminales, luego se incrementó el número de extorsiones y de cobros de derecho de piso a empresarios, restauranteros y a diversos negocios.

Ahora los delitos de alto impacto como el secuestro, el robo, el robo a casa habitación es el pan de cada día de todos los ciudadanos. En contraste, las autoridades afirman que están haciendo todo lo posible para combatir a la delincuencia; incluso se nos habla del poder que tendrá la llamada Guardia Nacional.

Uno supondría que con la situación de inseguridad que se vive, el Gobierno federal no aplicaría medidas de austeridad para el combate a la delincuencia.

Resulta que el total del presupuesto aprobado en 2019 para combate al crimen es de 101 mil millones de pesos, lo que representa 0.41% del PIB. Mientras que en otros países con menores problemas de seguridad se invierte entre 3 y 5% del PIB.

Además, hay que destacar que el presupuesto destinado al combate no refleja la política de seguridad del Gobierno federal, ya que, de este presupuesto, 70% es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública e impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras que 1.5% se encauza a prevención y atención de derechos humanos.

En 2019, la prioridad presupuestaria fue otras actividades, que absorbe 58% del presupuesto total y está a cargo del Poder Judicial. En este programa, 87% de los recursos se destina a servicios personales; en contraste, sólo 10% de los casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de materia penal.

En otros procesos… Inmuebles que se calcularon en un valor de 160 millones de pesos, además de vehículos, casas, ranchos, terrenos, huertas, establos, bodegas, haciendas, restaurantes, gasolineras, departamentos y aeronaves conforman la lista de aseguramientos realizados a Joaquín el Chapo Guzmán, según notas periodísticas y declaraciones de funcionarios federales.

Incluso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en 2016 que se habían detectado operaciones por cinco mil 300 millones de pesos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Del destino de esta millonaria lista hasta el momento no se sabe nada; y en tiempos del combate a la corrupción y la creación de un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sería muy pertinente dar seguimiento a los recursos, que bien podrían servir para brindar apoyos que impulsen a los jóvenes a evitar cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Por ello, parece pertinente el Punto de Acuerdo presentado por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, para que la Fiscalía General y la SHCP den a conocer el monto y destino de los bienes asegurados y decomisados al Chapo. ¿Habrá alguna respuesta al respecto? ¡Eso está por verse!