Esta semana deberemos entender la importancia del llamado debido proceso. Y es que con el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, hay situaciones que no quedan claras; por ejemplo, los delitos que se les imputan y el hecho de que en ellos no se esté tocando el caso Odebrecht.

Por ejemplo, ¿se violó del debido proceso al momento en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, anunció el pasado lunes que bloquearía las cuentas de Emilio Lozoya Austin y a de lo que ella misma llamó la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV?

Y es que en el comunicado dado a conocer se mencionó con nombre y apellido a Emilio Lozoya y quedó perfectamente claro que también estaba siendo investigado Alonso Ancira. Horas después el propio titular de la UIF, Santiago Nieto, narró que las investigaciones contra Lozoya se debían en su caso a que había identificado que Altos Hornos de México le había pagado a una filial de Odebrecht recursos que, a su vez, fueron transferidos a diversas cuentas vinculadas al ex titular de Pemex.

En ese momento se dio a conocer que la investigación también incluía a familiares y personas cercanas a Lozoya. En el debido proceso, o al menos hasta donde se nos ha señalado constantemente, es de vital importancia no señalar al sujeto a investigar, y mucho más importante no dar a conocer detalles de una carpeta de investigación.

Ayer en diversas entrevistas, el fiscal general de la Nación tuvo que aceptar que de no haberse dado diversas filtraciones sobre el tema de Altos Hornos o de Lozoya, ambos estarían detenidos y los procesos judiciales ante el juez respectivo ya habrían iniciado.

La violación al debido proceso de esta investigación al menos permitió que uno saliera del país y el otro se amparara y obtuviera una suspensión provisional. Si el delito como hasta ahora se sabe sólo fuese operaciones con recursos de procedencia ilícita, estamos hablando de un delito no grave y que, por tanto, no merece prisión oficiosa.

Seguro hay muchos que quieren ver en prisión a Emilio Lozoya, pero el problema sigue siendo la forma en que se ha venido armando su expediente; si se violó el debido proceso, podremos ver que ni siquiera pisara un juzgado, pues su abogado conoce muy bien cómo lidiar con la falta de los debidos procesos.

Además de ello, hay que recordar que en el nuevo Sistema de Justicia, que tanto lavado de dinero -es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita-, como defraudación fiscal son considerados delitos no graves, reforma que por cierto se concretó con la actual administración de López Obrador.

Ahora que si se quiere investigar en realidad a Lozoya, además del caso Odebrecht, habría que preguntar los usos que le dio a los helicópteros de Pemex y la forma en que utilizó sus contactos en el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a las bitácoras de vuelos, mensualmente viajaban en esas aeronaves mujeres de origen ruso, por las cuales la dependencia llegaba a pagar hasta siete millones de pesos mensuales.

 

Existe una investigación en la cual se está detallando la forma en que ingresaban al país estas mujeres y los motivos por los cuales tenían contacto con Emilio Lozoya. Pero lo más importante es detallar los motivos por los que se desviaban los recursos de la dependencia hacia este grupo ruso que llamaba la atención al ex director de Pemex y otros funcionarios.