FOTO: ESPECIAL La cementera mexicana ha acudido a la justicia boliviana y en su momento logró que un juez “inventara” una ley que no existe en la Constitución  

Grupo Cementos de Chihuahua, GCC, evade la orden de un Juez de Distrito en Colorado, Estados Unidos, quien emitió una orden de pago de 36 millones de dólares a la empresa boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles, CIMSA, por incumplir con acuerdos establecidos entre ambos consorcios. En el contrato firmado en 2005, una cláusula garantiza que, en caso de que una de las partes decidiera vender su participación, lo haría en primer lugar a su filial.

 

Sin embargo, el Grupo Cementos de Chihuahua vendió, sin informar a CIMSA, el total de sus acciones a una empresa peruana, por lo que CIMSA se vio obligada a demandar. En el contrato también se establece que si existiera desacuerdo, éste sería solventado mediante arbitraje.

 

Samuel Doria Medina, dueño de la empresa cementera boliviana, ha sido candidato a la presidencia de Bolivia en dos ocasiones y ha ocupado cargos importantes en gobiernos anteriores de aquel país. “Al asociarnos con GCC pensábamos que se trataba de empresarios serios y responsables. Para nosotros ha sido una gran decepción su comportamiento”, señaló Doria en entrevista telefónica a Fórmula Noticias. “Se hicieron dos arbitrajes y ambos le dieron la razón a CIMSA, incluso señalaron que GCC había actuado de mala fe”.

 

La cementera mexicana ha acudido a la justicia boliviana y en su momento logró que un juez “inventara” una ley que no existe en la Constitución, para dar la razón a GCC y pudiera incumplir con la multa.

 

No obstante, el hecho de haber realizado los acuerdos y los pagos en los Estados Unidos, permitió que CIMSA acudiera a la justicia norteamericana, la cual impuso la cantidad antes citada, más intereses. Hasta la fecha, suman ya casi cincuenta millones de dólares lo que GCC debe pagar a CIMSA o, de lo contrario, ver embargados sus bienes en EU.

 

GCC, a ocho años de iniciado el proceso jurídico, pretende atraer el caso a México, luego de que en Bolivia sus intentos también han sido en vano. Lo cierto es que la imagen de los empresarios mexicanos ha dejado mucho que desear con este caso específico.

 

TFA