“Esta licitación va a ser por invitación restringida; son cuatro empresas, las mejores del mundo para una obra de este tamaño. Se buscaron empresas, se tuvo entrevistas con muchas de todo el mundo, y empresas que tienen las mejores prácticas de transparencia, ética y, sobre todo, que tienen un amplio conocimiento técnico de construcción en estas refinerías”, declaró la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el 18 de marzo pasado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En celebración por la Expropiación Petrolera, Nahle y el presidente López Obrador decidieron dar a conocer los planes del Gobierno federal para la construcción de la refinería en Tabasco, cuya finalidad es que México sea autosuficiente en materia de combustibles.

A menos de dos meses de distancia, el Ejecutivo federal dio a conocer que la licitación se declaró desierta bajo el argumento de que “estaban pidiendo mucho, se pasaron de los ocho mil millones de dólares y en el tiempo de construcción”, declaró también durante su conferencia de prensa.

Desde ese momento, los críticos, como los llama el Presidente, o los analistas y calificadoras, como los reporta la prensa, e incluso el recién creado gremio petrolero Petromex han señalado que el costo y plazo que el Gobierno federal estimó para la construcción son demasiado optimistas e inviables para dar cumplimiento.

Bechtel-Technit, el consorcio Worley Parsons-Jacobs y las empresas Technip y KBR no han emitido comentarios respecto de su declinación a la “invitación restringida” para participar en el proyecto, lo cual, según López Obrador, se debe a “que piden mucho”, pero cabe el cuestionamiento legítimo ¿y si lo que piden es lo que cuesta?

El Gobierno federal se encuentra ante un nuevo reto en materia de transparencia, efectividad y comunicación, pues la construcción de la refinería no sólo afectará la capacidad de producción de combustible; antes de que se llegue a esta etapa, se deberá enviar un mensaje claro de que el viraje en los planes obedeció a un análisis y diagnóstico serios basados en el interés de México.

Para ello deberán hacer públicos los planes técnicos, financieros y de operación del proyecto, pues de mantenerse en la secrecía, la percepción negativa e incierta que se proyecta sólo se alimentará, y organismos referencia para la inversión extranjera seguirán emitiendo recomendaciones que a nadie en este país convienen, pues al recortar la calificación de deuda de Pemex, se afectará de manera directa la nota del país.

Si López Obrador y la Secretaría de Energía deciden reservar la información de la planeación, proyecciones, etapas y participantes en la construcción de la refinería se estará reforzando la idea de que la transparencia y rendición de cuentas del actual Gobierno sólo existen en el discurso, las calificadoras refrendarán sus notas, situación que ya debería estar prevista por Palacio Nacional.

Por otro lado, deberán prever que el Poder Legislativo tiene la facultad para crear una comisión que dé seguimiento a la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, lo que daría a la oposición real, la capacidad de cuestionar uno de los proyectos emblemáticos de la cuarta transformación, y les daría evidencias en el corto plazo sobre la capacidad de Pemex y la Sener para llevar a cabo una obra de esas dimensiones.