Veracruz no sólo tiene un gravísimo problema de inseguridad, sino de transparencia en la asignación de contratos y el ejercicio del gasto público.

Dos casos emblemáticos: la compra de las 160 patrullas con un costo de “más de 208 millones de pesos’’, según el gobernador Cuitláhuac García, que de acuerdo a datos comparativos con la compra de unidades de iguales características en otros estados tiene un sobreprecio de casi 80%.
El senador panista Julen Rementería aseguró en conferencia que el costo real del lote debió ser de 122 millones de pesos y no 208 millones.

¿Dónde quedaron los 85 millones restantes?

O en todo caso, ¿qué equipamiento adicional tienen las patrullas veracruzanas para que el precio se haya elevado tanto siendo la misma marca la proveedora en varios estados?

El otro caso también es de espanto, pero éste en el sector salud veracruzano.

Sucede que el Gobierno del estado informó, en diciembre pasado, a la empresa DISEQUI SA DE CV que ya no continuaría contratándole el Servicio Integral de Laboratorio que ésta había ganado para el ejercicio fiscal de 2018 en una licitación pública nacional.

Hasta ahí bien.

El problema es que los responsables de la Secretaría de Salud de Veracruz hicieron una adjudicación directa del servicio a favor de la empresa IMPROMED, SA DE CV por un plazo de tres meses, de enero a marzo, sin importar que hayan violado la Ley N0. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del estado de Veracruz.

El artículo 26, Fracción IV de dicha ley establece que la adjudicación directa se podrá realizar en cantidades menores a lo equivalente a 1,203.56 UMAS (Unidad de Medida y Actualización equivalente a $80.60 pesos por día), esto es 101,388.00 pesos.

Pero la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Veracruz adjudicó directamente IMPROMED SA DE CV el Servicio Integral de Anestesia por la cantidad de 104 millones 857,859.91 pesos por una vigencia de tres meses.

Los trabajadores del sector dan testimonio de que la empresa incumplió con la entrega de materiales, además de que IMPROMED utiliza los equipos que dejó en 67 unidades médicas DISEQUI, y que esta última no puede sacar por órdenes del subdirector de Recursos Materiales, Antonio Pola Navarro.

Por si fuera poco, IMPROMED ha sido favorecida en la licitación pública nacional No. LPN-103T00000-006-19, convocada en abril pasado, a pesar de no contar con la documentación requerida ni la infraestructura necesaria.

¿Dónde está el cambio?

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Por cierto, ayer los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros y Hugo Gutiérrez, presentaron una denuncia penal ante la FGR en contra del fiscal del estado, Jorge Winckler, por la probable comisión de delitos en contra de la procuración y administración de la justicia.

Los funcionarios morenistas aseguran que Winckler “escondió’’ más de un centenar de órdenes de aprehensión en la administración pasada, lo que permitió a delincuentes de todos los calibres evadir la acción de la justicia.

Así que, como verán los veracruzanos, ¿cómo puede haber un plan coordinado de seguridad si los responsables se odian con odio jarocho?
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Comienza hoy el periodo extraordinario en el Congreso para apurar la aprobación de la contrarreforma educativa.

Hay algunos cambios de forma que quiere hacer la oposición, pero de entrada Morena se negará.

Quién sabe hasta dónde podrá la oposición estirar la liga.