La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, destacó el reto de avanzar hacia una política que garantice a las y los mexicanos el ejercicio pleno de derechos a la alimentación, salud, seguridad social, educación, trabajo, medio ambiente sano y vivienda digna.
En el marco del Foro Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, destacó que se trata de una política de alcance general, con visión integral y de largo plazo, capaz de trascender la suma de programas aislados y de corto plazo.
Albores González llamó a investigadores, académicos, especialistas y servidores públicos que participaron en el evento a establecer un Sistema Nacional de Bienestar para atender con eficiencia a los grupos de la sociedad más desfavorecidos.
Refirió que mediante 25 programas integrales de la dependencia y con una inversión social de 300 mil millones de pesos para 2019 se brindará atención a los mexicanos con la prioridad: “primero los pobres”, en el territorio mexicano donde coexisten “la prosperidad y, por otro lado, la marginación y la desesperanza”.
De acuerdo con cifras oficiales, dijo, más de 53 millones de personas no pueden vivir con suficiencia y dignidad porque “heredamos un país atravesado por profundas injusticias y marcada desigualdad”, por lo que el reto es complejo y exige “todo nuestro talento y compromiso”, trabajando sin tregua.
El cambio se está construyendo con acciones concretas para que los más vulnerables, como personas adultas mayores y personas con discapacidad, sean las más cercanas al gobierno, para lo cual hay protocolos y acciones mínimas que a veces no se han hecho notar.
Destacó que es una acción mínima pero concreta que hace la diferencia: “ver a la gente sorda cantar el Himno Nacional en diferentes localidades”, con Lengua de Señas Mexicana, lo que es “precisamente el contraste de esta Cuarta Transformación”.
La política de bienestar ha de asegurar el goce pleno de derechos sin exclusión ni discriminación, partir de un enfoque basado en la universalidad de los derechos humanos y sociales, el ciclo de vida de las personas, la participación social y comunitaria, la perspectiva territorial, la transparencia y la honestidad.
Subrayó que el punto de partida no han de ser las personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derechos, que dispongan de mecanismos de exigibilidad y efectividad, que hable no de “gasto social” sino de “inversión social” para dotar a las personas de los medios necesarios para generar capacidades de desarrollo.
Al foro asistieron Clara Jusidman, quien preside la asociación Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social; Luz Beatriz González Esteva, directora general del Instituto Nacional de Desarrollo Social; Pablo Yanes Rico, coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Guillermo Miguel Cejudo, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
fahl