La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación de oficio contra Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por posible conflicto de intereses, informó su titular Irma Sandoval, en conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional.
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este posible caso, la dependencia detectó el que el hermano y primo de la cónyuge del funcionario son empleados de empresas vinculadas al sector energético.
En el primer caso, el hermano Mario Barreiro trabaja en la filial mexicana de una empresa danesa de distribución de tecnología para energía eólica, la cual no es regulada por la CRE, y por lo cual el presidente aduce que no hay conflicto.
En el segundo caso, Santiago García, primo hermano de su cónyuge, es director general de la Empresa Santa Fe Gas, filial de Fermaca, esta última regulada por la CRE, y según García Alcocer, tuvo su último permiso en 2016.
“Se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado para la empresa Fermaca con fecha de 15 de junio de 2017, y en esta fecha el servidor público de referencia ya era presidente de la institución, este permiso no fue informado” dijo Irma Sandoval.
“Se inició investigación de oficio por conflicto de intereses, para ir localizando si este permiso para transporte de gas natural es el único o si existen otros actos en donde el interés familiar o de negocios pudo haber estado involucrado”, agregó la funcionaria.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que Mario Barreiro también es representante legal de otras tres empresas, las cuales han obtenido contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Una de esas empresas aunque presenta transacciones internacionales del orden de 148 millones de dólares, reporta bajos ingresos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual podría constituir un caso de evasión fiscal.
Además, se detectó que el familiar hizo dos vuelos a Guatemala y nueve a El Salvador, acciones clásicas de lavado de dinero para trasladar dinero a paraísos de naturaleza fiscal.
El primo hermano de la cónyuge del presidente de la CRE, a la vez está vinculado a cuatro empresas, en las que es representante o director, cuyas transacciones internacionales tampoco responden a lo declarado ante el SAT.
La secretaria de la Función Pública resaltó que el caso podría llegar a la inhabilitación, por lo que consideró pertinente que el presidente de la CRE deje el cargo en tanto se sigue la indagatoria.
gac