Ante los señalamientos del delito de fraude del asesor anticorrupción del Gobierno de Morelos, Gerardo Becerra Chávez de Hita, su defensa señaló que les concedieron el amparo y se dictó una nueva resolución de la sala.
Explicaron que está pendiente por resolver un nuevo amparo y que, a su consideración, se encuentra mal dictada la resolución ya que no se valoraron las pruebas, además de que -afirmó la defensa- las acusaciones son falsas y cuentan con los documentos para demostrarlo.
El 6 de marzo de 2017 Chávez Hita, fue condenado por una juez penal a siete años y nueve meses de prisión y al pago de un millón 719 mil 799 pesos por el delito de fraude específico, la causa penal radica en el expediente 199/2016-3, antes 25/20112.
En la resolución, emitida el 1 de marzo de 2017, se indica que fue acreditada plenamente en autos el cuerpo del delito de fraude específico, previsto y sancionado por el artículo 189 Fracción II, en relación directa con el 188 Fracción IV del Código Penal vigente en Morelos, por el que acusó la Representación Social, cometido en agravio de María Irene Edith Rojas Montiel.
Refiere que Becerra es penalmente responsable de la comisión del delito de fraude específico, por lo que en ese tiempo se le imponía una sanción privativa de su libertad personal de siete años y nueve meses de prisión, así como una multa de quinientos cincuenta días de salario mínimo general y dicha multa asciende a 27 mil 225 pesos -pero la defensa interpuso un amparo-
“Se condena a Gerardo Becerra Chávez y/o Gerardo Becerra Chávez Hita, al pago por concepto de daño patrimonial por la cantidad de 1 millón 719 mil 799 pesos, y a favor de la ofendida María Irene Edith Rojas Montiel”, refiere el texto.
En esa ocasión así lo resolvió la jueza penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en Morelos. La sentencia ya le fue notificada a Becerra, quien hasta el momento gozaba de la libertad provisional bajo caución. Además, la reciente resolución surgió luego de que perdió una serie de amparos y apelaciones de índole federal y estatal.
La entonces Procuraduría General de Justicia ejercitó acción penal en su contra el 19 de abril de 2011 y fue detenido el 1 de julio del mismo año y consignado al Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya, de donde salió libre bajo argucias legaloides, sin resolverse el fondo del litigio abierto por la parte ofendida ante instancias ministeriales y judiciales.
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