La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 89/2018 al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y al fiscal Jorge Winckler debido a irregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por agentes ministeriales de la Fiscalía en el homicidio del periodista Pedro Tamayo en el municipio Tierra Blanca.
El comunicador se especializaba en la cobertura de la fuente policíaca y anteriormente había sido amenazado, por lo que la Comisión Estatal para Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pero el 20 de julio de 2016 fue ultimado a las afueras de su casa.
La esposa de Tamayo presentó una queja ante la CNDH en la que planteó anomalías en la actuación de los elementos que acudieron al lugar y omitieron perseguir a los probables responsables.
El periodista colaboraba como editor de la Voz de Tierra Blanca y en el periódico El Piñero de la Cuenca, se especializaba en la cobertura de la fuente policíaca.
Las investigaciones realizadas por el Organismo Nacional acreditaron las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad por omisión en la protección y auxilio en el ejercicio de la función de seguridad pública.
También se determinaron que el día del homicidio, el equipo de policías responsable de la seguridad del comunicador no acudió al domicilio refiriendo, ya que habían sido convocados a una reunión; sin embargo, por el riesgo en que se encontraba, el policía encargado debió asegurarse que otros elementos le reemplazaran.
Además, tres elementos que se hallaban en las inmediaciones del lugar el día de los hechos omitieron perseguir a los probables responsables señalados por los testigos.
La Comisión solicitó al gobernador reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Víctimas.
También de instruir al Secretario de Seguridad para que el personal cumpla las medidas de protección que le soliciten las autoridades competentes; en tanto, al Fiscal General del Estado, le recomendaron instruir al personal ministerial para agotar las líneas de investigación que permitan identificar, localizar, detener, judicializar y procesar a los probables responsables.
Por su parte Ana Laura Pérez, presidenta de la CEAPP dijo a 24 HORAS que es necesario que este caso sea concluido por parte de la Fiscalía General del Estado, “porque de hecho nosotros tuvimos el aviso de que él estaba en riesgo y se procuraron hacer todos los implementos necesarios”.
Cita:
“Se hicieron dos reubicaciones, pero ellos decidieron regresar a Tierra Blanca donde ocurrieron los hechos, se le había solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública que se tomaran las precauciones debidas y hasta el momento no se ha resulto totalmente este caso”
Ana Laura Pérez
Presidenta de la CEAPP
LEG