La administración pública se mueve por terrenos sorpresivos.

Nadie esperaba, en este inicio de administración, estar centrados en los despidos de burócratas.

Vayamos a dos escenas.

Gobierno de la Ciudad de México.

A fines de 2017, cuando pidió licencia Miguel Ángel Mancera y lo sucedió José Ramón Amieva, llegaron varios funcionarios con una advertencia:
-Trabajarán con contratos temporales. Todo el personal de confianza nos iremos el 30 de noviembre de 2018.

Llegó esa fecha y les pidieron, sin contrato ni salario, continuar hasta el 4 de diciembre para permitir una transición en paz sin afectar al Gobierno de la ciudad.

El 5, contra la instrucción superior y día de la asunción de Claudia Sheinbaum, muchos de ellos acudieron a sus oficinas con la esperanza de continuar.

Los nuevos funcionarios les preguntaron a qué se debía su presencia.

Los formaron como conscriptos y les dijeron de frente:
-No los necesitamos. Vamos a traer gente profesional.

La medida fue general en las oficinas públicas de la capital.

Por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México, antaño Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los despidos son mayores y el 31 de diciembre alcanzó a 70 trabajadores de base.

¡De base!

HASTA 400 MIL EN LA ZOZOBRA

La zozobra ronda toda la administración pública.

A los miles de servidores del SAT, especializados en temas fiscales, se suma personal de las secretarías de Estado, de empresas públicas y de órganos desconcentrados.

Se van de un momento a otro.

Unos cálculos superan los 300 mil cesados y otros hablan hasta de 400 mil en un universo impreciso de casi dos millones de burócratas.

Impreciso porque ni el Gobierno, ni la FSTSE ni la Fedesp saben cuántos hay.

Argumentan dos razones: los de confianza no son sus afiliados por depender de altos funcionarios y también hay muchos eventuales sin registro y por ende sin cotizar.

Pero con contrato o eventuales, hoy ninguno tiene certidumbre.

Los oficios no dejan margen a dudas.

Quienes los releven tampoco tendrán mayores garantías.

Un oficio de la SHCP de Carlos Urzúa ha endurecido las reglas de contratación y autorización de plazas para todo el Gobierno federal.

E incluye órganos administrativos desconcentrados y hasta tribunales como el agrario.

Nuevos tiempos, nuevas formas, pero quedan pendientes los efectos.

EL SARGAZO ATACA DE NUEVO

1. El turismo agrega un nuevo problema a la crisis económica, la violencia interna y el cierre de organismos promocionales de México en el extranjero.
Es el arribo atípico de sargazo a las costas de Quintana Roo, fuente de divisas y las más concurridas por visitantes europeos, estadounidenses y canadienses.

Con dificultad se limpiaron dos millones 600 mil metros cuadrados de mar y playa en el último tramo de 2018, pero esa plaga de algas marinas ataca de nuevo.

Una amenaza para el norte del estado -Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y hasta Tulum- cuando el turismo de invierno acaba de rebasar los 25 millones de viajeros a la entidad gobernada por Carlos Joaquín.

2. El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, aprovechó la visita de Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para ir más allá de los incentivos a la frontera.

Les pidió apoyo para recuperar el Centro Histórico del Antiguo Paso del Norte y su solicitud está en vías de atención.

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