Claudia Sheinbaum tiene en la inseguridad el mayor reto de su administración.

Independientemente de todos los anuncios que hizo ayer, la desaparición del cuerpo de granaderos es el que más destacó.

Los granaderos fueron utilizados –la mayoría de las veces- para contener enfrentamientos colectivos, encajonar a marchistas o reforzar operativos de las Policías de Investigación y Preventiva.

Cierto que no fueron pocas las veces que ciudadanos que protestaban se quejaron del abuso de autoridad de este cuerpo de disuasión.

Esencialmente los granaderos hacían presencia para dispersar manifestaciones.

Si era un cuerpo o no indispensable para la seguridad de la capital del país, lo veremos en pocos días.

Hoy, por ejemplo, será una buena prueba para conocer con qué cuerpo de Policía se sustituye a los granaderos en la vigilancia interna y externa del Estadio Olímpico Universitario, en donde se jugará un partido de alto riesgo: Pumas-América.

Siempre que se juega en ese estadio, la presencia de los granaderos inhibía medianamente los actos de violencia de los barristas, sobre todo de los locales.

Ahora se verá si la Policía Bancaria o la Preventiva, la que designe el nuevo jefe policiaco de la capital, puede con el paquete sin la ayuda de granaderos.

Pero eso es sólo el principio de una estrategia de seguridad que deberá aplicar contrarreloj la nueva jefa de Gobierno.

Para la administración de Miguel Ángel Mancera nunca hubo delincuencia organizada en la capital del país, a pesar de haber reconocido que existe el Cártel de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac.

Mancera jamás quiso pedir el apoyo de las fuerzas federales para contener la ola de violencia que heredó a Sheinbaum.

¿Será la nueva jefa de Gobierno capaz de reconocer que con las Policías locales no alcanza para darle batalla a esos cárteles y otros que pelean por ganar la plaza?

Ése es, quizá, el primer gran tema a resolver.

Si lo hace, todo lo demás será ganancia política.
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La oposición en el Senado, encabezada por los legisladores del PRI, presentaron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual, dicen, “violenta la división de Poderes’’.

Esta acción de inconstitucionalidad se suma a las casi tres mil solicitudes de amparo que han interpuesto, de manera personal, igual número de servidores públicos afectados por la reducción de sus remuneraciones.

Lo interesante será la posición de la Corte, que ha estado sujeta a un bombardeo mediático de parte de los legisladores de Morena que acusan en general al Poder Judicial de ganar sueldos estratosféricos.

La Corte, en este caso, será juez y parte debido a que esta ley también le impacta negativamente en sus percepciones.

Ya veremos el desenlace.

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El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, fue designado presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en sustitución de Manuel Velasco, gobernador –es un decir- de Chiapas y que mañana entrega el poder para volver al Senado.

En estos momentos en los que el priismo está prácticamente desaparecido, la designación de Moreno le dará un respiro a la alicaída militancia tricolor.

El escaparate le puede venir bien al campechano, a quien muchos ven como uno de los pocos priistas que pueden intentar resucitar el cadáver del otro partidazo.