Una semana falta para la consulta sobre el destino del aeropuerto, y ya los inversionistas comienzan a mostrar su nerviosismo.
Aunque aún no se ha visto un gran movimiento negativo en los indicadores económicos, la defensa que hicieron el presidente Enrique Peña y ayer el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dejan ver que el asunto es serio.

¿Qué pasará, por ejemplo, si el domingo 28 el equipo de López Obrador anuncia que el pueblo bueno votó por Santa Lucía o por darle una remozada al actual aeropuerto en lugar de continuar con Texcoco?

Las apuestas van desde una salida masiva de capital hasta una reclasificación negativa para la economía del país.
De seguro ya lo saben el Presidente electo y su equipo, y seguramente también tendrán una solución inmediata.
Pero el problema, aunque haya sido generado por una decisión del próximo Gobierno, será para Peña Nieto, quien tendrá poco más de un mes para hacer frente a una eventual crisis por la cancelación del aeropuerto.

Si bien es cierto que hasta el momento las variables macroeconómicas se encuentran estables –el país no está en bancarrota por más que lo repitan los fans de AMLO-, una decisión de esa magnitud sentará un precedente en la forma de gobernar.

López Obrador pretende un nuevo Poder Judicial, eliminar a los organismos autónomos relacionados con la energía –petróleo y electricidad-, dejar de exportar petróleo y en el mediano plazo producir sólo el que el país consume.

Pero, como bien comentaba la senadora Vanessa Rubio, no existe una visión integral del sector energético, sino sólo ideas aisladas, muchas de ellas contradictorias.

Rubio, quien fue subsecretaria en Hacienda, asegura que así no es posible el diseño de una política energética nacional, indispensable para el desarrollo de la nación.

Como quiera que sea, en una semana veremos si después de la decisión que se tome sobre el aeropuerto, los inversionistas siguen interesados en arriesgar su capital en nuestro país.
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Pues siempre sí, la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo notificó la semana pasada a la Junta de Coordinación Política que sí hay una investigación en curso en contra del diputado de Morena, Cipriano Charrez Pedraza.

Como sabe, el legislador manejaba –él dice que era su chofer, aunque la Procuraduría estatal afirma lo contrario- una camioneta a exceso de velocidad y presuntamente –presuntamente- en estado inconveniente, lo que produjo un choque contra un taxi que se incendió y en el cual murió calcinado su chofer.

La PGJEH solicitó que se inicie el juicio de procedencia o desafuero del diputado que, asegura, a él no le han notificado nada.
Todooo este show nos lo habríamos ahorrado si los diputados y senadores hubieran aprobado hace meses la desaparición del desafuero.
Y aunque todos los partidos dicen estar de acuerdo, la verdad es que a la hora de la hora ninguno le quiere entrar a la votación final.
No vaya a ser que les toque.

Como a Charrez.
Ésta es la primera prueba en campo para ver qué tan cierto es eso de que Morena no encubrirá a sus políticos.
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¿Tiene usted boletos para el Gran Premio de México de Fórmula Uno? Pues vaya guardándolos como recuerdo, porque éste es otro asunto al que el equipo de Morena le trae ganas de cancelar, pese a sus beneficios económicos?
Hay que invertirle, claro, pero la utilidad es muy buena.
A ver qué dice en estos días el futuro secretario de Turismo, Miguel Torruco.

LEG