Busca magistrada Marín encabezar el TSJ-CDMX
Celia Marín, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), buscará participar en el proceso para dirigir a este órgano, convencida de que es momento de que vuelva a presidirlo otra mujer.
De acuerdo con Marín, hay muchas impartidoras de justicia con capacidad y aspiración legal y legítima para dirigir el TEPJF, como en su momento ocurrió con Clementina Gil Guillén de Lester (1983-1985), ministra en retiro y primera presidenta de dicho órgano.
En una entrevista con 24 HORAS, consideró que en los comicios del 1 de julio pasado hubo un mensaje claro con el triunfo de Claudia Sheinbaum, al frente de la Ciudad de México, por lo cual confió en que el pleno del TSJ local,conformado por 32 mujeres y 47 hombres, opte por una impartidora de justicia.
Asimismo, advirtió que en su opinión “es imposible hablar de una reducción de salarios” a los impartidores de justicia locales.
¿Qué tan complicado ha sido abrirse paso en una carrera judicial?
-Difícil, pero con dedicación, compromiso, preparación, estudios y sensibilidad humana para escuchar a la sociedad, es posible.
¿Qué haría diferente si llegara a dirigir el TSJ-CDMX?
-Trabajaría desde dos enfoques. Uno externo, que consiste en que la impartición de justicia sea para todas las personas en igualdad de condiciones y sin discriminación, es decir, que todas encuentren respuesta a sus demandas de justicia y con ello evitar que tomen la justicia por sí mismas, como lamentablemente ha sucedido en algunos casos. Y otro al interior de la institución; para mí lo más importante radica en proteger y garantizar los derechos de los trabajadores que formamos parte de ella, en aspectos tan importantes como son la estabilidad laboral y económica, con la misma visión de igualdad.
En ese mismo sentido, estoy cierta de que la fortaleza del Poder Judicial está en sus juezas y jueces, que son quienes tienen el primer contacto con la sociedad. Dentro de la institución, actualmente contamos con 392 jueces de primera instancia, de los cuales 145 son mujeres y 247 son hombres, por lo que debemos lograr la paridad de género prevista en la Constitución de la Ciudad de México.
Lo anterior sin dejar de lado otro aspecto muy importante, que es la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, así como la oralidad familiar y civil e implementar la Sala Constitucional y los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos a que se refiere la Constitución de la CDMX.
¿Todavía existe el techo de cristal en el Poder Judicial?
-Sí, porque aún existen circunstancias sociales que limitan el ascenso de las mujeres, como son la doble jornada profesional y familiar, por lo cual es necesario eliminar esas desigualdades y con ello dejar el piso pegajoso, lo que les permitirá ocupar cargos de mayor importancia, es decir, romper los techos de cristal.
Habrá una escuela judicial, y creo que será muy importante.
Según la Constitución local, el presidente del Tribunal sólo durará en su encargo un año, ¿es viable?
-Actualmente el mismo presidente del Tribunal es el presidente del Consejo; en contraste, en la Constitución de la Ciudad de México está previsto que el presidente del Tribunal sea una persona y dure un año en su encargo; y el titular del Consejo sea otra persona, y dure tres años en el cargo. Ello complica el funcionamiento del Tribunal, porque éste realizará cuestiones de carácter jurisdiccional y el Consejo, aquellas de administración, disciplina y vigilancia. Consideramos que no son figuras que apoyen o ayuden al buen funcionamiento del Poder Judicial.
¿Deberían recaer en la misma persona?
-Así está en la Constitución mexicana. El presidente de la SCJN también es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, lo ideal es esa figura para siendo presidente del Tribunal y presidente del Consejo coordinar ambas funciones, tanto la jurisdiccional como la administrativa. Desde luego que la función principal del Tribunal es la jurisdiccional, y como apoyo a ésta tenemos la administrativa, por eso es ideal que ambos cargos recaigan en la misma persona y duren el mismo tiempo.
El tema está impugnado, ¿cuándo resolvería la Corte?
-En cualquier momento, esta porción normativa todavía no entra en vigor porque existe una controversia a los artículos 35 y 37 de la Constitución local.
¿Qué piensa de frases como la justicia es para los ricos? Ahí tenemos el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.
-En el caso concreto la determinación es apegada a derecho, está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Libro II, que se refiere a las soluciones alternas y formas de terminación anticipada de los procesos; y en la figura que a él le están aplicando es el procedimiento abreviado, el cual está previsto de los artículos 201 al 207. Y el Ministerio Público es el que solicita ese procedimiento abreviado; es uno de los requisitos y tiene que estar de acuerdo el imputado. El Ministerio Público no pide que lo absuelvan, es un procedimiento especial para terminación anticipada del proceso, antes de irnos a todo el proceso oral, hay esa opción.
¿Ve viable que lo proponga el Ministerio Público?
-Sí, porque es una figura jurídica que está en la ley y que tiene lugar de acuerdo a la naturaleza del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Hay reclamos sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ¿habría que hacer una revisión o considera que hay avances?
-Hay delitos que son muy graves, que lesionan los bienes jurídicos tutelados y a la sociedad, en los cuales no debería permitirse el procedimiento abreviado, como en el caso de Duarte; debería haber un límite. Y estos casos nos deben llevar a la reflexión: una cosa es que la determinación esté apegada a la legalidad y otra que sea algo justo, porque el reclamo social ahí está, y son conductas muy graves donde se desvían recursos que son de la sociedad, de los ciudadanos. Hay que escuchar a las víctimas que se sienten ofendidas con ese tipo de conductas, porque siempre quedan en último lugar. En determinados delitos, como son éstos, la reducción de pena no debería operar.
¿Haría un llamado al Legislativo para que lo revise?
-Sí. En virtud de este asunto que se ha tornado como una burla, habría que hacer una revisión del Código Nacional, y tal vez limitarla.
¿Qué pasa con la puerta giratoria?, ¿hay fallas con el nuevo sistema?
-No es una falla. No podemos estar en el Nuevo Sistema con bases del sistema inquisitorial; nosotros teníamos uno mixto. En éste la prisión preventiva era la medida por excelencia; te la pasabas en la cárcel hasta que te dictaran sentencia, hasta que ésta causara ejecutoria, hasta que te resolvieran el amparo, eso implicaba años en la cárcel. Y había casos en los que se absolvía a la persona, entonces todos esos años en los que permanecía en la cárcel, era un daño que se estaba causando a las personas. La presunción de inocencia era formal, pero no real.
Cuando hacemos la transición al Nuevo Sistema, la prisión preventiva es la última medida cautelar a la que hay que acudir y opera cuando las otras no funcionan, y la presunción de inocencia tiene un contenido formal, pero también real. Es un cambio total, absoluto.
Este sistema es bueno y es mejor que el que teníamos, pero necesita ajustes administrativos. Necesitamos diseñar mecanismos que lo hagan efectivo. Por ejemplo, la puerta giratoria: hoy entran con un nombre y salen, y pasado mañana regresan con otro nombre. Sí se tiene que llevar un registro de la persona que entra, que sale; sí debemos tener certeza en esos datos y no escudarnos en que así lo dice el sistema. Hay que estudiar los mecanismos de apoyo.
La puerta giratoria es un problema del cual se quejan en países de América Latina donde se ha implementado, como en Chile, Argentina y Colombia.
¿Qué podrían hacer para mejorarlo?
-Tenerse una política pública judicial para que se analice dónde están las fallas del Sistema. No iría tan rápido a reformarlo, porque no ha operado en toda su extensión, es un ordenamiento nuevo y su aplicación va a generar múltiples criterios e interpretaciones y ya tenemos algunas de la SCJN, que van normando y le dan contenido a estas figuras.
¿Cómo estamos en la CDMX con los juicios orales, la capacitación? ¿ya está todo al 100%?
-No, el Sistema ya se implementó, pero falta su consolidación; en esa etapa estamos. El sistema inicia, va caminando, pero todavía no es tiempo de una evaluación tan completa. En la implementación había una Secretaría General Técnica que le daba seguimiento, y me parece que no debe de-saparecer, sino seguir para la consolidación del sistema.
¿Han estudiado si se sumarán al plan de austeridad del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador?
-Hay que tener cuidado. Para accesar a la Judicatura debemos prepararnos, no cualquier persona puede llegar a ser juez; nosotros seríamos técnicos especializados en la impartición de justicia, y en ese caso entraríamos en una excepción a la que se refiere la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; creo que no nos debe de aplicar.
El Poder Judicial necesita ser autónomo e independiente, y nosotros contamos con un impedimento judicial para tener otros ingresos, por ejemplo, por investigaciones, cuestiones académicas; por eso nuestro salario debe ser correcto y suficiente.
Los salarios del Poder Judicial local son muy diferentes al federal y están por debajo de lo que percibirá el Presidente electo. Tampoco hay autos ni viáticos.
¿Hay temor de que puedan afectar su salario?
-Es un tema de sensibilidad y de platicarlo a detalle. El Poder Judicial de la Ciudad de México debe ser autónomo e independiente. Y necesita contar con un presupuesto suficiente para el óptimo desarrollo de su función, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. Por tanto, es imposible hablar de una reducción de salarios.
LEG