Desde la máxima tribuna del país los legisladores morenistas lanzaron consignas. Más tarde aprobaron la Ley de Austeridad Republicana

Morena se impone y solicita pausa a evaluación docente

Con la mayoría de Morena y la invasión de la tribuna, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta a las autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para los maestros.

 

La propuesta, presentada por el morenista Irán Santiago Manuel, prevé que el exhorto aplique para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes, así como a cualquier procedimiento sancionatorio, en tanto no sea revisado y reformado el marco normativo.

 

El diputado calificó la reforma educativa (impulsada en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto) de autoritaria y excluyente, y de haber sido una modificación laboral, dictada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

Por su parte, el diputado Alfonso Robledo dijo que el grupo parlamentario de Acción Nacional rechazó el punto de acuerdo porque el Congreso no puede ser el lugar donde se hacen las leyes y se exhorta a no cumplirlas.

 

“Flaco favor le hacemos a las instituciones del país si desde esta soberanía solicitamos el desconocimiento de la Constitución, de las leyes y del resto del nuestro marco normativo”, expresó.

 

Enfatizó que Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación, ha dicho que hasta que no haya una nueva ley, se aplicará la existente, incluida la evaluación a los maestros.

 

Van por seguridad social para funcionarios del Gobierno federal

Más tarde, el grupo parlamentario de Morena presentó al pleno la iniciativa de la Ley de Austeridad Republicana, que incluye la reducción de salarios a altos funcionarios, la prohibición de pensiones a ex Presidentes y envía a todos los burócratas a atenderse en los sistemas públicos de seguridad social.

 

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Manuel Rodríguez destacó que esta ley no suprime, disminuye ni restringe programas sociales ni derechos tutelados en la Constitución.

 

La propuesta también prohíbe regímenes privilegiados de jubilación o haberes de retiro, así como la contratación, a cargo de recursos públicos, de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación.

 

La iniciativa se turnó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.

 

fahl

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