Foto: Cuartoscuro Además de que la norma delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infralegales  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sendas demandas de acción de inconstitucionalidad contra el Decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social (LGCS), llamada popularmente “Ley Chayote”, publicado el pasado 11 de mayo del presente año.

La CNDH, que preside Luis Raúl González Pérez, consideró que la LGCS, presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.

“La Ley General de Comunicación Social no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantizar que el gasto en ese renglón cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igual y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional”, señaló la comisión a través de un comunicado.

Además de que la norma delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infralegales, “permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial”.

La CNDH informó que el contenido de ambas acciones de inconstitucionalidad “es producto de un proceso de diálogo y debate con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados con la protección y defensa de los derechos humanos a nivel nacional, en el cual se escucharon y recogieron planteamientos y opiniones que, finalmente, se integraron en el cuerpo de los documentos que se presentaron ante la SCJN”.

La “Ley Chayote”, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019, establece, entre otras cosas, que los medios que pretendan participar en la contratación de comunicación social gubernamental deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

JMSJ

 

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