El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) apuntó que México no da prioridad a la lucha contra este ilícito y el financiamiento al terrorismo y lamentó la corrupción que afecta a las instancias que deberían encargarse de ello, en particular en los estados.
El organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7, que entonces incluía a Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) publicó la víspera su informe sobre México en el cual consideró que el país debería esforzarse más en perseguir a los que blanquean dinero y “confiscar sus bienes para mitigar riesgos”.
El GAFI señaló que no se transmite a la Procuraduría General de la República (PGR) el volumen de información que se debería desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lo que se refleja en un reducir número de investigaciones.
Precisó que, hasta hace “relativamente poco”, para la PGR la identificación y la investigación del lavado de dinero no eran una de sus “prioridades clave”.
Ese tipo de delitos, lamentó, se investigan sólo caso por caso y no de forma proactiva y sistemática, lo que redunda en pocas inculpaciones y condenas.
Además, “el nivel de corrupción que afecta a las agencias de orden público, en particular a nivel estatal, mina su capacidad para investigar y perseguir las infracciones graves”, advirtió.
El organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció que ha habido mejoras “significativas” en algunas áreas de la acción contra el lavado y la financiación del terrorismo respecto al anterior examen, en 2008.
No obstante, hizo hincapié en que México afronta grandes riesgos de blanqueo de capitales procedentes de actividades del crimen organizado, el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción o la evasión fiscal.
La mayor parte de las autoridades es consciente de esas amenazas y, en términos generales, hay una buena política de cooperación y coordinación.
Sin embargo, las acciones para impedir que se materialicen “no se han priorizado lo suficiente” para que se traduzcan en “una apropiada atribución de recursos”.
OBSERVACIONES DEL GRUPO SOBRE MÉXICO
• No existe un procedimiento claro por parte de la aduana para tratar el transporte transfronterizo de dinero relacionado con el financiamiento al terrorismo
• Las aduanas no tienen el poder de solicitar información sobre el origen y uso previsto del efectivo o instrumentos negociables al portador
• Las autoridades aún no han llevado a cabo una revisión de las leyes y reglamentos vigentes para las organizaciones sin fines de lucro identificadas como de alto riesgo por su vulnerabilidad en cuanto al financiamiento al terrorismo, ni tampoco hay alcances sobre la comunidad de donantes
• Para los bancos y otros sectores bajo la tutela de la CNBV, el requisito de comprender la estructura corporativa de las personas jurídicas solo se aplica a los clientes que son personas jurídicas clasificadas como de alto riesgo
• Los requisitos para identificar y verificar clientes ocasionales que realizan transacciones en moneda nacional solo se aplican en escenarios limitados
JMSJ