La Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República, exhortó al Gobierno de la Ciudad de México a modificar el plan de reconstrucción tras el sismo del pasado 19 de septiembre con el fin de establecer un enfoque de derechos humanos y reparación integral de los daños.

 

El senador del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión, pidió al gobierno capitalino hacer pública y de fácil acceso para la ciudadanía toda la información detallada sobre los inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo.

 

A través de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, Mario Delgado reprochó que la Secretaría de Educación Pública, “pretenda hacerse de cómodos espacios para oficinas, cuando existen miles de escuelas sin poder regresar a clases”.

 

Denunció que tan sólo en el proyecto denominado “Mitikah” del desarrollador “Fibra Uno” la SEP pagará en un año alrededor de 408 millones de pesos por estas oficinas. “Todo ello en plena crisis por las miles de escuelas dañadas en el país”.

 

Expuso que la construcción de un aula escolar actualmente es de alrededor de 230 mil pesos. Por lo que con la renta que pagará el secretario Nuño se podrían construir mil 277 aulas en el país para atender a alrededor de 63 mil alumnos.

 

En días pasados se hizo público el oficio 168006 elaborado con fecha 8 de diciembre del 2016, por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes (INDAABIN), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el que se detalla que la Secretaria de Educación Pública estaría interesada en rentar unas oficinas ubicadas en Avenida Universidad 1200, conocida “Torre Bancomer”.

 

El objetivo, señala es rentar 106 mil metros cuadrados, con 259 cajones de estacionamiento y servicio de red de voz y datos, además de helipuerto, que significa un costo de 33 millones 738 mil 59 pesos mensuales a razón de 5 años, lo que significaría un monto cercano a 2 mil millones de pesos por ese período.

 

Ante ello, urgió al Secretario, Aurelio Nuño a suspender de forma inmediata el proceso de arrendamiento de oficinas para la Dependencia, cuyo costo ascendería a 33 millones de pesos mensuales por cinco años, para que esos recursos se reorienten a la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos.

 

Delgado le solicitó a la SEP presentar un informe en el que se detallen los inmuebles que ocupa la Secretaría, si son rentados o propios, los arrendadores, el costo y toda la demás información que permita conocer si existe déficit de oficinas en la dependencia y, en su caso, presentar soluciones bajo los principios de austeridad, eficiencia, eficacia y transparencia.

 

“Ese gasto debería de canalizarse a infraestructura educativa, a los damnificados, no a rentar lujosas oficinas. La Secretaria de Educación Pública necesita brindar una explicación clara y puntual del derroche que pretende generar a costa de todas y todos los mexicanos”.

 

aarl