El Nuevo Sistema de Justicia Penal enfrenta a políticos y al Poder Judicial, debido a que la Conferencia Nacional de Gobernadores acusa que jueces dejan en libertad a potenciales criminales, aún cuando estos son detenidos en posesión de armas de alto poder, puesto que no se considera un delito grave que merezca prisión preventiva.
Esta misma semana, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a cargo de Renato Sales Heredia, adelantó que planteará reformas al Nuevo Sistema de Justicia Penal, para aumentar las sanciones por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. A esta iniciativa se han sumado Ruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Mancera Espinosa advirtió que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la posibilidad de libertad anticipada a reos que cumplen condena por delitos que ya no se consideran graves, abre la puerta a unos 4 mil criminales de alta peligrosidad para volver a las calles.
Del lado del Poder Judicial, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossio Díaz, apuntó que desde 2008 se aprobó la reforma a la Constitución para pasar a un nuevo Sistema de Justicia Penal, y que desde entonces los gobiernos estatales, Ministerios Públicos y las autoridades involucradas, tuvieron ocho años para capacitar a su personal y lograr una correcta implementación del nuevo modelo.
A través de un artículo de opinión, publicado en un medio nacional esta misma semana, el ministro consideró que apoyadores y detractores no deben cerrarse en sus posturas, ni darle un tratamiento político al Nuevo Sistema de Justicia, puesto que la inseguridad en el país no tiene control y la sociedad sufre en tanto no s elogran lso acuerdos necesarios.
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