Pese a los recortes anunciados, el gasto de algunas áreas del Gobierno federal en los primeros seis meses del año superó en más de 40% el monto aprobado en el presupuesto. En ese mismo lapso los ingresos públicos rebasaron en 15% el monto previsto el año pasado.

 

Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que entre enero y junio de 2016, los ingresos del gobierno sumaron 2.3 billones de pesos, lo que representó 366 mil 874 millones de pesos más de lo que originalmente se esperaba, y esta diferencia se repartió entre las dependencias federales.

 

Alfredo Elizondo, investigador de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), explicó que estos recursos adicionales obedecen a que los cálculos para saber con cuánto dinero va a contar el gobierno federal por renta petrolera, crecimiento económico y pago de impuestos, siempre son menores.

 

Esto provoca que la SHCP tenga un margen muy amplio para cambiar el gasto que se otorga a cada dependencia, ajustes que no son supervisados por ninguna autoridad, mencionó Vidal Llerenas, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

 

 

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El legislador dijo que además de la falla en el cálculo de los ingresos, los cambios en el presupuesto también son provocados por recortes que se aplican por dependencia, también de forma posterior a lo que se aprobó el año previo. “Es una combinación de la subestimación de los ingresos y de los recortes adicionales”, señaló.

 

El problema principal en el ejercicio del gasto público es que la Secretaría de Hacienda puede asignar los ingresos adicionales y modificar el presupuesto sin la vigilancia de ninguna instancia, al tiempo que la información del gasto no es oportuna.

 

“Es necesario tener un presupuesto más realista y una menor discrecionalidad en el Ejecutivo. Necesitamos informes más oportunos y tenemos la propuesta de crear una Oficina de Presupuesto dentro de la Cámara de Diputados que pueda conocer en tiempo real este tipo de movimientos y controlarlos”.

 

Para establecer esta oficina, el partido propondrá cambios a la Ley de Egresos para que el Gobierno federal tenga que solicitar permiso para hacer incrementos superiores a cinco mil millones de pesos al presupuesto de cualquier dependencia.