El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, estaría en proceso de adquirir una casa de un valor de 2.5 millones de dólares, ubicada en el lujoso complejo conocido como The Woodlands en el condado de Montgomery, Texas, de acuerdo con documentos que el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, entregará a PGR en ampliación de su denuncia por el desvío de recursos públicos.
En entrevista con Luis Cárdenas, para Noticias MVS, Yunes Linares señaló que el agente de bienes raíces informó que la propiedad está vinculada a Duarte y se entregará en septiembre.
La nueva propiedad, agregó, se suma a 24 más vinculadas al mandatario veracruzano.
Yunes Linares afirmó que el gobernador de Veracruz utilizará prestanombres para la nueva propiedad, la cual está aún en construcción, como lo ha realizado con las anteriores, por ello, insistió en que se debe prestar atención a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío de recursos federales. E incluso alertó, aún falta revisar el desvío de recursos locales.
En declaraciones al periódico Reforma, Yunes Linares explicó que la propiedad está a 2.5 kilómetros de distancia del The Carlton Club, club de golf en el que Duarte reconoció haber comprado una acción con un valor de 2 millones de pesos, luego de que el mes pasado la revista interna de The Woodlands Country Club, diera la bienvenida al matrimonio Duarte-Macías como nuevos socios.
Sobre la renuncia de Arturo Bermúdez a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Yunes Linares comentó que también han investigado sus inmuebles que comprenden al menos 24 empresas más las propiedades que tiene en la Ciudad de México, Veracruz y The Woodlands.
“Yo he trabajado en áreas de seguridad y el tiempo que te demandan estos trabajos es tiempo completo, no hay forma de que te dediques al mismo tiempo a fundar y operar empresas y él, (Arturo Bermúdez) tiene por lo menos 24”, apuntó.
Tras la renuncia, Yunes Linares dijo que esperaría que se sumara una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) al afirmar que los recursos “no tienen origen lícito”.