Senadores de todos los grupos parlamentarios reconocieron que ante la ambigüedad en la redacción del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que obliga a empresarios a presentar la llamada 3 de 3 (decaración patrimonial, fiscal y de intereses) cuando tengan contratos o reciban recursos públicos, es necesario modificar su redacción y disipar las lagunas que pudiera tener.

 

Ante un posible veto parcial del presidente Enrique Peña Nieto a éste u otros artículos de los 600 que conforman las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que el Congreso está dispuesto y abierto a revisar cualquier observación que envíe el mandatario.

 

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Emilio Gamboa, reiteró que la Consejería Jurídica de la Presidencia analiza el tema y si existiera algo que pueda lastimar a la sociedad, puede ejercer su derecho a veto.

 

Reconoció que en el caso del artículo 32, la redacción quedó muy ambigüa “y parece que cualquier empleado cuya empresa diera un servicio al Gobierno de la República, al Gobierno estatal o a un gobierno municipal, tendrían que hacer su 3 de 3 todos los empleados”; y ese, aclaró, no es el espíritu de la ley.

 

A decir del coordinador de los senadores del PRI, la esencia era que sólo los ejecutivos y el director general de una empresa hicieran su 3 de 3, porque manejan recursos públicos mediante una concesión.

 

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pidió al presidente Peña vetar de manera parcial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que respecta al artículo 29 y al artículo 32, con el fin de que la redacción quede perfectamente clara.

 

“Hay que establecer montos, hay que ver condiciones, pero sobre todo destinos; y el destino es el propósito mercantil de la relación jurídica que se entable con los gobierno para el uso de recursos públicos”.

 

El perredista enfatizó que en caso de hacerse observaciones, se citaría a un período extraordinario de sesiones la próxima semana para aprobar la nueva redacción.

 

En tanto, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, recordó que el artículo 32 se aprobó como una reserva presentada en la madrugada del miércoles 15 de junio durante la discusión de esa Ley por el senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca y el PAN y aprobada por todos los grupos parlamentarios.

 

El PAN alista reforma al artículo 32

 

Marko Cortés Mendoza, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, adelantó que el albiceleste presentará una iniciativa de reforma al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Lo anterior porque fue un “despropósito pedirles a las personas físicas y morales que también deban presentar su declaración 3 de 3, cuando ellos no son servidores públicos”, proceso que resulta inoperante.

 

Cortés Mendoza celebró que el PRI “ya reconoció que se equivocó” y, en consecuencia, se buscará construir una mayoría”.

 

El legislador aclaró que su propuesta de modificación a esa ley la presentarán durante el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.

 

El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que su grupo parlamentario está dispuesto a modificar el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas relativo a los sujetos obligados a presentar sus declaraciones, con la finalidad de precisar sus términos y evitar “interpretaciones erróneas.”

 

Explicó que la bancada analiza la posibilidad de presentar una iniciativa para precisar sus términos, particularmente del inciso C.