La creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el nombramiento de su titular es uno de los temas que mantiene atorada la discusión de las leyes secundarias anticorrupción.
De acuerdo con senadores del PAN y PRD y expertos en el tema, dicha fiscalía es la columna vertebral del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Más aún: la condición para avanzar en el nuevo sistema policial; y sin ésta de poco servirían las leyes secundarias en la materia.
En el Senado existen dos documentos en torno al fiscal que difieren sobre su perfil y cómo elegirlo. Legisladores panistas y perredistas consideran que el fiscal anticorrupción debe gozar de plena autonomía para cumplir con sus funciones, y ser nombrado por las dos terceras partes del Senado. Por ello presentaron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la PGR.
En tanto, el PRI y el PVEM pretenden (mediante una minuta que lleva un año cuatro meses en la congeladora del Senado) que el nombramiento del nuevo fiscal sea una decisión directa del Fiscal General de la República, que sustituiría la figura del actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), cargo que hoy en día recae en Arely Gómez.
El senador del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes advirtió que el tema anticorrupción no puede ser un asunto de partidos, “éste es un tema de una reforma del Estado, para hacer un Estado que funcione para combatir a la corrupción. Y si no tienes al fiscal, pues es ridículo. ¿Entonces quién va a perseguir a los corruptos?”.
En tanto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y promotor de la iniciativa denominada Ley 3 de 3, puso en duda la discusión del fiscal anticorrupción, ante la falta de acuerdos que se ha registrado esta semana en las reuniones entre senadores, en el marco de la dictaminación de las siete leyes secundarias anticorrupción, las cuales son necesarias para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción.