La labor de un escolta profesional se rige por la honestidad y confidencialidad, reforzado por una capacitación constante, y sobre todo un sueldo decente, lo que hace la diferencia entre un auténtico escolta y un “guarro”.

 

En opinión de Santiago Aguilera Gómez, director de la consultora Samahe Seguridad Privada, la principal diferencia entre ambos conceptos radica es que los escoltas profesionales son gente educada, con buena indumentaria, capacitados, y pendientes a lo que pueda hacer su titular (escoltado).

 

Sin embargo, para conseguir esa concepción, el escolta debe tener la certeza y estabilidad de un sueldo digno, un control y una capacitación constantes, así como la seguridad de que la persona que cuida es respetable y digna incluso de entregar su vida.

 

“Debemos sensibilizar a la gente que adquiere un servicio de escolta o protección ejecutiva para hacer un análisis de riesgo, para convencerlos de qué es lo que va a hacer su escolta o encargado de la protección ejecutiva porque en su mayoría, la gente con dinero, o los hijos con gente de dinero creen que por adquirir ese servicio puede tener un servicio de perros de guardia y protección, y con todo respeto así no son las cosas”, afirmó Aguilera.

 

En palabras del consultor en seguridad privada, el hecho de contar con el capital para contratar los servicios de guardia y custodia de un determinado personal no le da el derecho al titular, que suele haber casos que son gustosos de parrandear y ser agresivos, pues los que quedan expuestos y corren un mayor riesgo incluso de su vida son los escoltas.

 

De acuerdo con el director de administración y recursos humanos de Samahe, Marco Antonio Gómez Patiño, los filtros obligatorios que deben acreditar a una persona como escolta comprenden un perfil físico, es decir personas mayores de 25 años, tener una complexión de acuerdo a su edad y peso, no deben ser obesos, ni tener impedimentos físicos que no les permita desempeñar su función o permitirles estar de pie por tiempo prolongado.

 

“Verificamos que sean personas emocionalmente estables, de preferencia que tengan familia, se les aplican exámenes toxicológicos para descartar que consuman algún tipo de droga, a los cuales deben ser sometidos de forma extraordinaria, y también se les aplica el polígrafo para verificar que toda la información que dan es verídica, se detecta su nivel de honestidad”.

 

De acuerdo con los consultores, la confidencialidad de las personas, y que sean honestos, son los dos aspectos más importantes para que una persona que va a tener acceso a las casas de los funcionarios o los principales sea considerada como confiable. Por esa razón todos los exámenes psicológicos están enfocados a que cumplan con esos dos requisitos.

 

Y es precisamente la falta de capacitación y de control de personal lo que ha derivado en los casos que mediáticamente se dan a conocer sobre abusos de guardaespaldas en contra de los ciudadanos.

 

Según el consultor en ese tipo de situaciones es que la gente los contrata sin los filtros necesarios, porque son gente conocida, de la calle o recomendados que no son capacitados, por esa razón los exámenes se les deben aplicar cada seis meses de forma, y los exámenes toxicológicos en cuanto se les requiera, de forma aleatoria para lo cual deben firmar una responsiva que los obliga a someterse a los mismos.

 

Ganan poco por mucho

 

Tras reconocer que aproximadamente que 60% de los que se dicen escoltas no cuentan con la capacitación adecuada, Gómez Patiño acusó que la proliferación de esos casos se debe por la facilidad que resulta ser contratado como guardia de seguridad o guarura por una paga mensual de entre los 7 u 8 mil pesos, “cuando un escolta profesional no aceptaría trabajar por esa cantidad, derivado de la ética que está obligado a tener al ser el encargado de preservar la integridad de su protegido y de su familia. Alguien que gana muy poco teníamos que preguntar si daría su vida por el escoltado”.

 

Según los estándares de la labor de un escolta preparado y certificado podría cotizarse con un sueldo que va desde los 25 mil pesos en adelante, dependiendo del perfil del titular o escoltado, pues hay empresarios, funcionarios o demás personajes que su situación requiere de un mayor nivel de riesgo, ya que no todos cuentan con el mismo grado de vulnerabilidad para ser protegidos.