En la Ciudad de México, desde 2011 se han otorgado 13 autorizaciones para que empresas operen parquímetros bajo el modelo de Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), los cuales se dan sin transparencia y comprometiendo zonas en las que aún no se instalan los aparatos, acusaron especialistas y legisladores.
La Oficialía Mayor del Gobierno capitalino es la encargada de realizar el proceso mediante el cual se otorga un PATR. Según datos de la dependencia, los permisos tienen una vigencia máxima de 10 años; sin embargo, el tiempo podría ampliarse, especialmente en los casos en que la empresa reporte un beneficio en general a la comunidad o proyectos para el desarrollo, como ocurre con los parquímetros al otorgar 30% de lo recaudado a las colonias.
El otro 70% se va para la empresa y se reparte entre sueldo de los trabajadores, contratación de policías y mantenimiento de aparatos, sin que se sepa con certeza cuál es el porcentaje de ganancia.
De acuerdo con un listado de la Oficialía Mayor sobre el número de los PATR para parquímetros, éstos se concentran en las compañías Movilidad y Parqueo, Operadora de Estacionamientos Bicentenario, Nueva Generación de Estacionamientos, Proyectos Estratégicos en Estacionamientos y Parquímetros, Urbipark, Mojo Real Estate y Copemsa Metropolitana.
En el caso de Urbipark, Mojo Real Estate y Copemsa Metropolitana, ya tienen los permisos sin que se hayan instalado los parquímetros en zonas como Coyoacán, Centro Histórico, Azcapotzalco y Tlalpan, lo cual deja ver que varias calles de la ciudad ya están comprometidas con las empresas, señaló el urbanista Roberto Remes.
En una entrevista con 24 HORAS, el director de Ciudad Humana México explicó que en general el modelo de PATR es poco transparente, pues la empresa solicita el permiso y el gobierno lo otorga sin concurso alguno.
Opinó que hay oscuridad en la repartición de calles para las firmas. Incluso, recordó que hace dos años tuvo la oportunidad de acudir a una reunión con autoridades e inversionistas en la cual se mostró un mapa con las calles que ya estaban comprometidas para colocar parquímetros.
“Hoy día te puedo decir que hay permisos administrativos otorgados más o menos desde Tlalpan hasta Periférico, prácticamente toda la ciudad está repartida en la zona poniente y colonias que ni te imaginas ya están repartidas, ya hay alguien que tiene el permiso”, dijo.
Caso omiso a la transparencia
Desde la VI Legislatura de la ALDF, diputados aprobaron iniciativas para que el Gobierno de la Ciudad de México transparentara los PATR. Héctor Saúl Téllez, secretario del PAN DF y otrora diputado local, declaró que se trata de una figura muy sui géneris que se sale de lo normal y en un mundo de opacidad.
“No hay una legislación que pueda decir la forma en que se van a transparentar. En agosto de 2013, solicitamos al Gobierno que nos informara de los PATR que ha otorgado, sobre el estatus de cómo se habían asignado y cuáles eran los montos de retribución que tiene el Gobierno por prestar a través de los PATRS el uso y goce de los bienes inmueble, no hubo ninguna respuesta”, dijo.
José Manuel Delgadillo, diputado del PAN en la actual legislatura, mencionó que los permisos de parquímetros evidentemente son la “caja chica de alguien, no sabemos de quién, porque de entrada todos los PATR se han asignado de forma discrecional”.
Detalló que al llegar Miguel Ángel Mancera a la jefatura de Gobierno, afirmó que publicaría los criterios bajo los cuales se asignaron los permisos, cosa que no ha ocurrido. En esta legislatura, el PAN lanzó puntos de acuerdo, que fueron aprobados, para que diera información de los contratos, los criterios de permisos, los montos de recaudación y la repartición de éstos, sin embargo, el Gobierno local no ha emitido respuesta alguna.
“En los hechos, hasta el día de hoy el destino de lo que se ha recaudado derivado de los parquímetros es una completa incógnita”.
El diputado aseguró que con base a las zonas proyectadas por la Autoridad del Espacio Público, para 2018 habrá alrededor de 100 mil aparatos en toda la ciudad, que podría generar mil 390 millones de pesos.
Los PATR le dan a las firmas el derecho sobre el estacionamiento en vía pública, aun sin que se concrete el proyecto de parquímetros. En ese sentido, el legislador señaló que la administración capitalina no puede cancelar o retirar de forma automática los permisos, sino a través de un juicio de lesividad, en el que tiene que vencer a la empresa; pero, si ocurre lo contrario, la deberá indemnizar y eso generaría un daño patrimonial a la ciudad.
“Debieron de haber verificado primero un estudio de necesidad de regular el espacio, después hacer la consulta vecinal, verificar los criterios de transparencia de las empresas, firmar el contrato y ya instalarlos, aquí todo lo hicieron al revés”.