La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente histórico luego de que obligara a la Procuraduría General de la República (PGR) a proporcionar los detalles de su investigación a los familiares de dos las víctimas extranjeras asesinadas en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.
Con el fallo de la Primera Sala, la PGR debe reconocer que los extranjeros que perdieron a algún ser querido cuando transitaba por México rumbo a Estados Unidos son víctimas indirectas y tienen derecho a acceder al expediente, derecho a la justicia y a la reparación del daño.
Por unanimidad, los ministros le dieron la razón a Bertilia Parada de Osorio, mamá de Carlos Alberto Osorio, y a Alma Yesenia Realegaño, hermana de Manuel Antonio. Ambas son ciudadanas de República de El Salvador y tuvieron que viajar a México para exigir detalles de la investigación porque a ellos los mataron en Tamaulipas.
Los hombres son dos de los 193 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, en 2011, la mayoría centroamericanos. De acuerdo con la información pública del caso, Los Zetas fueron responsables de la masacre con el agravante de que sus víctimas eran más vulnerables por ser migrantes a quienes secuestraban o reclutaban en el crimen organizado.
Las fosas en San Fernando fueron descubiertas cuando un grupo de sicarios acribilló en agosto de 2010 a 72 migrantes secuestrados, 58 hombres y 14 mujeres. Los hechos fueron denunciados por un sobreviviente ecuatoriano y otro salvadoreño.