Pese a los intentos de algunos grupos por denostar su trayectoria como fiscal, la experta en derecho Ángela María Buitrago, que investiga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, está convencida de que nada la detendrá para cumplir la misión que le encomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para revisar las acciones del Estado en la búsqueda de los jóvenes
En entrevista con Cimanoticias, la doctora en Derecho y Sociología, sostuvo que es su labor la aceptó como defensora humanitaria y es independiente de la obligación del estado.
Buitrago, que forma parte del GIEI desde 2014 y que presta asistencia técnica internacional al Estado mexicano por petición de los familiares de los desaparecidos, acusó que desde que el grupo de expertos presentara su informe concluyente ha sido acusa, junto a su par guatemalteca Claudia Paz y Paz, de haber actuado con irresponsabilidad en casos previos.
Denunció que en lugar de recibir la autorización para entrevistar al 27 Batallón de Infantería, de Iguala, guerrero, recibieron calumnias y hostigamientos por parte José Antonio Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, así como de algunos medios de comunicación.
La abogada reiteró que, a pesar de que el GIEI deja México el próximo 30 de abril es obligación del estado continuar con la investigación de los hechos y en caso de elegir la versión histórica la obligación del estado es demostrar la veracidad de esta, en caso opuesto debe continuar la búsqueda de los normalistas
En tanto, reiteró que no dimitirá en sus objetivos, sosteniendo que no solo merece su esfuerzo personal o de grupo, pues “es un compromiso con las víctimas; ayudar en esta investigación va a impedir que nosotras pensemos siquiera en retirarnos del asunto”.
Al refrendar su respaldo a las expertas, la CIDH declaró que los ataques son una práctica común contra las personas que defienden los derechos humanos en la región.