A cinco meses de que venza el plazo para arrancar formalmente en todo el país el nuevo sistema de justicia penal oral (el 18 de junio de 2016), sólo siete de las 32 entidades están listas al 100% para implementarlo.
Cabe destacar que aún falta la aprobación de leyes fundamentales: la de Ejecución de Sanciones Penales y la de Justicia para Adolescentes, así como una miscelánea penal (con cambios necesarios a once leyes) sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia.
De acuerdo con el reporte más actualizado de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) sólo Yucatán, Chihuahua y Nuevo León están en el máximo nivel de aplicación (nivel 7, óptimo), lo que quiere decir que ya están implementando el nuevo sistema.
El Distrito Federal, Guanajuato, Durango, Morelos y el Estado de México se encuentran en el nivel 6 o alto, lo que quiere decir que tienen un avance de más de 60%.
Ello mientras que Sonora y Baja California Sur están en el nivel 3 de cumplimiento (medio-bajo); y Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Campeche y Sinaloa están en el nivel 4 ó medio.
Faltan abogados
De acuerdo con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho (CEEAD) con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cada año egresan alrededor de 42 mil nuevos abogados de unas mil 300 universidades que imparten la licenciatura en Derecho. Esto significa que tan sólo en los últimos cinco años habría cerca de 200 mil abogados que se integrarían a defender a sus clientes bajo el nuevo sistema.
El problema es que, de acuerdo con la titular de SETEC, María de los Ángeles Fromow, existe una disparidad muy grande entre las instituciones de educación superior que ofertan esta carrera, porque no es obligatorio que actualicen sus planes de estudio para formar a los abogados y que estos puedan integrarse al nuevo sistema penal, mencionó en conferencia de prensa.