La Secretaría de Gobernación dio a conocer este martes el decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, el cual entra en vigor hoy.

 

Esta ley establece penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin consentimiento.

 

Se sancionará a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, negocie, resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte, altere o adultere hidrocarburos sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

 

Esas conductas se sancionarán con dos a cuatro años de prisión y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros; y prisión de cuatro a ocho años y el pago de cuatro mil a ocho mil días cuando la cantidad sea mayor de 300 a mil litros.

 

Cuando la cantidad de hidrocarburo sea mayor igual o mayor a dos mil litros, la pena será de 10 a 15 años de cárcel y el pago de 10 mil a 15 mil días de salario mínimo.

 

Asimismo, se impondrán penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 10 mil a 18 mil días a quien altere los sistemas de medición, permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias por hidrocarburos, realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera.

 

Además, se impondrá cárcel de 15 a 25 años y multa de 15 mil a 25 mil días a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley.

 

El decreto, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación indica que se efectuaron modificaciones a diversas disposiciones de los códigos Federal de Procedimientos Penales; Penal Federal; Fiscal de la Federación y Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de armonizarlas con esta nueva ley.