BRASILIA. La Policía brasileña detuvo al empresario José Carlos Bumlai, a quien la prensa local vincula con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por su supuesta participación en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras.
Bumlai, empresario del sector agropecuario, fue detenido en Brasilia, donde hoy debía declarar ante una comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades en el también estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Las autoridades investigan la veracidad de algunos testimonios ofrecidos por detenidos por la corrupción en Petrobras, según los cuales Bumlai medió en algunos negocios turbios en la petrolera valiéndose de su amistad con Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011.
El testimonio que más involucra a Bumlai, según la Policía, fue dado por el empresario Fernando Soares, condenado a 16 años de cárcel por su participación en las corruptelas en Petrobras.
Según declaró Soares en el marco de un proceso de colaboración judicial que permitió la reducción de su pena, en 2011 se reunió con Bumlai y le entregó dos millones de reales (hoy unos 540 millones de dólares), con los que habría pagado su intermediación en un negocio con la petrolera estatal.
Los procuradores resaltaron que en el embrollo financiero fue comprobada la participación directa de algunos tesoreros del Partido de los Trabajadores (PT) e incluso “hubo llamadas de la Casa Civil (ministerio de la Presidencia)”, en la época en la que el ex ministro Jose Dirceu, ex hombre fuerte de Lula, ocupaba la cartera.
Según la Policía, en los últimos años operó en Petrobras una red de corrupción que adjudicaba contratos a empresas privadas de forma fraudulenta, inflaba sus valores y repartía las diferencias entre ex directivos de la propia estatal y políticos que facilitaban esas maniobras.
La propia Petrobras ha reconocido en sus balances que los fraudes le causaron perjuicios financieros por dos mil millones de dólares en la última década.
Por este asunto, que ha generado una aguda crisis política, se investiga a medio centenar de dirigentes de partidos que, en su mayoría, pertenecen a la base parlamentaria que apoya al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, sucesora, líder del PT y “pupila política” de Lula.