Las prioridades de México en materia de reformas para el combate a la corrupción deben ser la protección de los denunciantes de esos actos y el conflicto de intereses, afirmó Luiz de Mello, director general de Gobernanza y Desarrollo Territorial.
El especialista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseveró que dicha agenda debe incluir temas como la ética en el servicio público, “la prevención y la gestión de conflictos de interés”.
Asimismo “protección de denunciantes de actos de corrupción, control interno y auditoría, sistema disciplinario de los servidores públicos y finalmente arreglos y modelos institucionales para mantener la integridad en todo el gobierno”.
El funcionario asistió a la inauguración del Seminario para Promover la Integridad y Combatir la Corrupción: Perspectivas Comparadas de los Países de la OCDE impartido en el Senado de la República.
Ahí destacó que las reformas constitucionales impulsadas en México para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, de Fiscalización y Transparencia serán las bases para una buena gobernanza en el país.
“Una vez implementadas, estas reformas tiene el potencial de establecer y hacer valer los principios centrales de buena gobernanza incluyendo integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana”.
Ante especialistas y legisladores, De Mello subrayó la participación de México en la OCDE, que colabora en el estudio y análisis de compras públicas tanto del proyecto del nuevo aeropuerto para la ciudad de México como las de Pemex y en el Sistema Nacional de Fiscalización.
A su vez la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar aseveró que México avanza en el tema de la transparencia y rendición de cuentas.
En ese este contexto se realiza este seminario, dijo, bajo una coyuntura histórica derivada de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Esta reforma es trascendental para México, tanto que me atrevería a decir que de ella dependerá el éxito en la implementación de todas las reformas estructurales”, abundó la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además reconoció que el reto para los integrantes del Senado es generar la legislación secundaria que haga operativa la reforma, la cual “es una tarea mayúscula”.
“Estamos obligados a expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que será la base jurídica del andamiaje normativo de entre siete leyes nuevas y otras más de 25 reformas a legislación federal y estatales que permita hacer operativo el Sistema Nacional Anticorrupción”, concluyó.