BUENOS AIRES. Jorge Capitanich, jefe del Gabinete, rompió las páginas en las que Clarín informaba de la supuesta existencia de un borrador de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, fallecido en circunstancias no aclaradas, en el que solicitaba la detención de Cristina Fernández por presunto encubrimiento de acusados iraníes del atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA.

 

Según Clarín, el borrador de la denuncia, con numerosas líneas tachadas, habría sido encontrado en el bote de la basura de la casa del fiscal tras su muerte, de un disparo en la cabeza, el pasado 18 de enero, e incorporado al expediente de la causa.

 

La información de Clarín fue desmentida horas después por el juez del caso, Ariel Lijo, quien aclaró que las tachaduras fueron realizadas por el propio juzgado y que en la denuncia de Nisman no consta “ninguna petición sustancial respecto de los presuntos imputados”.

 

Tras romper el periódico, el jefe de Gabinete denunció que existe “una confrontación política urdida desde los medios opositores” y advirtió de que en 2015 “esto va a ser así, va a ser una dinámica muy activa en este año electoral”.

 

Alberto Nisman murió en circunstancias aún sin esclarecer la víspera de comparecer en el Congreso para detallar su denuncia contra la presidenta argentina y varios de sus colaboradores.

 

Según sostenía Nisman, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante intervenciones telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para “librar de toda sospecha a los imputados iraníes” y “fabricar la inocencia de Irán” en el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos.

 

Denuncian a enemigo de la CFK

Un legislador de Buenos Aires denunció por enriquecimiento ilícito al ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia argentina Antonio “Jaime” Stiuso, que está en el centro de la polémica por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

 

La denuncia del legislador Gustavo Vera alcanza a otros cuatro agentes del servicio secreto a los que también acusa de enriquecerse y blanquear dinero a través de siete empresas, encabezadas por American Tape, que crearon mientras trabajaban en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

 

Vera, fundador del bloque “Bien Común”, consideró “incontestable” que estos agentes de inteligencia son dueños, directivos o fundadores de esas compañías.

 

Además, dijo en declaraciones a los medios, que con un “modesto” sueldo de 15 mil pesos argentinos mensuales (unos 23,800 pesos mexicanos) es “absolutamente imposible” que los denunciados puedan justificar la composición de su patrimonio.

 

Según el legislador, que ha presentado ya tres denuncias contra la Secretaría de Inteligencia, el capital de American Tape pasó en 2013 de 6 mil pesos (unos 9,600 pesos mexicanos) a 6 millones de pesos (9.6 millones de pesos mexicanos).

 

Vera también denunció operaciones ilícitas en el aeropuerto de Ezeiza, donde, según alega, Stiuso y otro de los agentes denunciados tenían un control operativo “bastante importante” y pudieron caer en tráfico de influencias y cohecho.

 

La denuncia es consecuencia de una investigación de la Fundación Alameda, que también dirige Vera, sobre una red de trata de personas atribuida al ex agente Raúl Martins, relacionada con varias compañías interconectadas por sus domicilios y su personal directivo, en el que figuran otros miembros del servicio secreto.