La primera etapa del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Federal entrará en vigor el próximo jueves, con ello se pretenden reducir 50% la carga de trabajo ministerial, que es el porcentaje de los delitos no graves o por querella que entran en esta fase inicial.
De ser así, sólo 12 mil asuntos por delitos no graves llegarán a la etapa de juicio, y más de 77 mil casos serán resueltos a través de medios alternos de solución de controversias.
Al respecto, Juan José Olea Valencia, director del Instituto de Formación Profesional (IFP) explicó que el objetivo del Sistema Penal Acusatorio es brindar una justicia de calidad y equitativa, reduciendo las cargas de trabajo en delitos menores y dedicar el mayor esfuerzo a los crímenes de mayor impacto social.
“La idea es que despresuricemos todo el sistema penal para que el juez, el ministerio público, el policía y el perito centren su atención en los delitos de alto impacto…, el tipo de delitos con el que vamos a arrancar (no graves o por querella) representan 58% de la incidencia delictiva, alrededor de 90 mil averiguaciones previas anualmente, de este total se prevé que sólo se llegaría a la etapa de juicio oral entre 10% y 14 % (12 mil 300 asuntos), de acuerdo con ejercicios de simulación que hemos venido haciendo”, explicó el académico.
Informó que para cumplir con la primera etapa del proyecto se capacitaron a 3 mil 283 servidores públicos, tan sólo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que cuenta con un personal activo de 8 mil trabajadores; entre ellos, 503 agentes del Ministerio Público van a operar los Módulos de Atención Oportuna (MAO) además de las Unidades de Investigación; en el área de Judialización, Litigación; Etapa Intermedia y de Juicio Oral.
Además también fueron capacitados 397 oficiales secretarios, 605 policías de investigación y mil 80 peritos, indicó Olea Valencia.
El funcionario explicó que esta primera etapa de la oralidad tuvo un costo aproximado para la PGJDF de 300 millones de pesos, que fueron invertidos principalmente en instalaciones materiales, equipo tecnológico y capacitación, aunque se prevé que con el nuevo sistema penal se tenga un gasto corriente cercano a los 600 millones de pesos adicionales en el presupuesto de la Procuraduría .
“En total, la Procuraduría invirtió con recursos propios, recursos federales y del Gobierno capitalino, en promedio cerca de 300 millones de pesos, pero se calcula una inversión total de 800 millones de pesos para aplicar la oralidad, con un gasto corriente de 600 millones anuales por gastos de operación”, explicó el funcionario.