Falta de voluntad política y escasa capacitación son las características principales del modelo de investigación de desapariciones forzadas en México, lo cual no viene del caso de Ayotzinapa, sino de 2006 cuando comenzó la guerra contra el narco, aseguró José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Este par de variables han hecho que en nuestro país la desaparición forzada quede en la impunidad, y para muestra es que pese a que desde 2006 han habido 70 mil ejecuciones extrajudiciales y 24 mil desapariciones forzadas, hasta el momento no ha habido funcionarios castigados por estos hechos, dijo.
“La impunidad respecto a todos los casos de desaparición forzada y de desaparición cometida por actores no estatales es prácticamente total. No hay sentencia en contra de servidores públicos, particularmente de aquellos que participaron en desapariciones a partir de diciembre de 2006 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico”, dijo Guevara Bermúdez en la inauguración del foro “La implementación de la reforma constitucional en Derechos Humanos.
Guevara Bermúdez señaló que esto se puede ver en la Corte Americana de Derechos Humanos, en concreto el caso Radilla Pacheco, donde el organismo internacional emitió una sentencia por violaciones a los derechos humanos de Rosendo Radilla, pero sigue sin cumplirse. Esto se replica en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales, añadió, son pocas.