El director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas Carpizo, se pronunció por que el gobierno federal analice si es viable y financieramente sustentable la construcción del tren México-Querétaro, antes de reiniciar el proceso de licitación para el desarrollo de este proyecto.

 

 

En entrevista, tras participar en un evento realizado en el Senado de la República, Pardinas Carpizo, puso en duda la necesidad de realizar una obra que superará los 50 mil millones de pesos, debido a que esta cantidad –dijo- es superior a dos años de presupuesto del estado de Querétaro y equivalente a la construcción de 500 kilómetros de líneas de metrobús.

 

“¿Como país necesitamos dedicar esos recursos en eso?” cuestionó tras señalar que “hay que ver si (el tren rápido) es algo viable, si es algo financieramente sustentable o simplemente una ocurrencia de campaña convertida en acto de gobierno”.

 

A partir de la cancelación de la licitación que se había otorgado al consorcio  chino-mexicano encabezado por la compañía China Railway, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad afirmó que debe haber una mayor argumentación y certidumbre jurídica por parte de las empresas concursantes para evitar que sobrevengan una serie de cancelaciones o sean mal asignados los recursos que para la obra se destinen.

 

En relación a la cancelación de la licitación por parte de la Presidencia de la República, el representante del IMCO, reconoció que aunque “tardía”, fue una buena decisión, debido a que no fue un proceso en el que se garantizará la competencia.

 

“Dado a la forma cómo se llevó a cabo la licitación, la falta de competencia al no haber más participantes, la falta de una justificación técnica, de un análisis de costo de oportunidad sobre los beneficios de invertir en un tren México Querétaro en lugar de fomentar el transporte público al interior de las ciudades, creo que es una decisión tardía, desafortunada pero correcta”.

 

Finalmente, ante la posible indemnización que el gobierno federal tendrá que pagar a la empresa china luego de la revocación de la licitación, Pardinas Carpizo señaló que en efecto, hay una responsabilidad onerosa por parte del Estado mexicano, sin embargo sostuvo “hubiera sido mucho más grave empezar una infraestructura que ni siquiera tenía la certidumbre jurídica sobre las vías de paso.”

 

AH