José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., destacó varias omisiones del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; entre ellas; ignorar una petición e informe de la CNDH de diciembre del 2013 sobre grupos de autodefensa en dicho estado, por lo que se solicitaba garantizar la seguridad en todos los municipios de la entidad para “evitar que la gente se hiciera justicia por propia mano”.
A las puertas del Senado antes de entregar una solicitud para la desaparición de poderes en Guerrero argumentando que Aguirre Rivero es cómplice por inacción de la violencia en su estado, Ortega acusó que por lo menos 60 familias, entre ellas la de Pioquinto Damián Huato, líder de la Canaco en Guerrero, han tenido que salir por miedo o atentados de la entidad.
Por lo que también entregarán a los senadores una constancia con 5 mil 136 firmas reunidas en tres días a través de un sitio web en el que se pide la desaparición de poderes en Guerrero.
“Ángel Aguirre Rivero es el principal responsable de la crisis de violencia e inseguridad que hoy padece Guerrero, pues en su calidad de gobernador incumplió gravemente sus obligaciones de prevenir y perseguir delitos del fuero común”, subrayó Ortega.
Y añadió que “localidades como Iguala se han convertido en un cementerio del narco” y señaló que “en Guerrero, quien gobierna son los grupos del crimen organizado”.
Finalmente, Ortega explicó que se debe investigar a Aguirre Rivero y con la desaparición de poderes, nombrar un gobernado provisiona que cite a elecciones para renovar poderes. DM