A partir de esta semana iniciará la glosa del segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

 

“El martes 9 de septiembre se inicia la glosa de los temas de desarrollo económico y desarrollo social y, el miércoles 10, comparece ante el pleno el secretario de Hacienda y Crédito Público para dialogar con los diputados sobre el paquete económico entregado el viernes”, sostuvo.

 

El también coordinador de los diputados del PRI, recordó que una vez que concluya la revisión del paquete económico que entregó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgary Caso, por los legisladores que integran la comisión de Presupuesto este documento será discutido en el pleno.

 

“Se analizará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los Criterios Generales de Política Económica, que son los principales instrumentos para la conducción económica del país y la plataforma indispensable para la buena marcha de las reformas recientemente concluidas”, afirmó.

 

Consideró que las disposiciones del paquete económico se alinean en tres ejes fundamentales; recursos presupuestales por un monto de 4.6 billones, orientación del gasto a los programas sociales prioritarios; y la garantía de evitar modificar el régimen tributario vigente.

 

Señaló que su grupo parlamentario buscará que el presupuesto para 2015 asegure los recursos necesarios para que las obras de infraestructura que anunció el presidente Peña Nieto en su Segundo Informe avancen en tiempo y forma.

 

Incluyendo recursos para proyectos de transporte masivo como la ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como para el extenso plan de construcción y modernización de las autopistas del país.

 

Para los diputados del PRI, agregó, el paquete económico de 2015 es una gran oportunidad de dinamizar el crecimiento, pues se trata de dar al Estado las herramientas que requiere “para ejercer un gasto público responsable, con sensibilidad social y transparencia”.