El salario mínimo es “obsoleto”, consideró el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, al tiempo de pronunciarse porque el Congreso de la Unión discuta a la brevedad las legislaciones que tendrían que modificarse en beneficio de la población.

 

En primer término, tendría que desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), ya que su labor está “rebasada”, y establecer un criterio que sustituya al salario mínimo como referente de multas y de impuestos, indicó en entrevista.

 

Agrego que “es tiempo de entrarle a la discusión, lo planteamos nosotros desde hace algunos meses, se ha convertido ya en un tema de debate y qué bueno que sea así”.

 

Aseguró que existen estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que determinan que desde hace varios años el salario mínimo “ha perdido casi el cien por ciento de su valor adquisitivo y los trabajadores han tenido que ajustarse”.

 

Subrayó que no es posible que en México exista un instrumento de regulación de los salarios sólo a la baja, por lo que se pronunció porque la Cámara de Diputados “desempolve” y atienda la minuta de salarios máximos que se encuentra en esta soberanía.

 

Órgano anticorrupción

 

Además, el legislador Silvano Aureoles Conejo se pronunció porque la Cámara de Diputados concrete a la brevedad la creación de un órgano anticorrupción, sirviéndose de las minutas avaladas en el Senado, que establecen una Comisión Nacional o una Fiscalía en esta materia.

 

Indicó que el tema está avanzado, pero se requiere un mayor acuerdo para instaurar este organismo, que sustituya a la Secretaría de la Función Pública, que desde el inicio del sexenio “está en el limbo, porque ni ha desparecido ni está en funciones plenamente”.

 

Subrayó que es un tema que le urge al país, por lo que ahora, con la aprobación de las reformas estructurales, el Congreso debe atender ese asunto.

 

El también presidente de la Junta de Coordinación Política se pronunció de igual manera porque diputados y senadores resuelvan las minutas sobre arraigo, fuero y deuda de estados y municipios, que desde hace varios meses se encuentran “estancadas”.