Los riesgos financieros para el IMSS aumentan conforme aumenta la edad de sus trabajadores. Para 2030 habrá más de 400 mil pensionados y jubilados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la dependencia requerirá alrededor de 103 mil millones de pesos anuales para solventar el gasto por el retiro de los trabajadores, según proyecciones de la propia dependencia.

 

De acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2013-2014, se estima que para ese año habrá 188 mil 460 empleados ya retirados, y a éstos se sumarán 215 mil 836 más que cobrarán una pensión por sus años de trabajo.

 

Las proyecciones del instituto señalan que entre 2030 y 2035 se alcanzará el punto más alto de trabajadores retirados, lo que constituirá mayores gastos para la dependencia, ya que se requerirán poco más de 103 mil millones de pesos para solventar los pagos.

 

Flavia Rodríguez, directora general operativa de AR Información, explicó que el número se incrementará en esa década por los empleados que fueron contratados antes de 2005 con las prestaciones del régimen anterior, en el que el IMSS era el responsable de pagar las pensiones de sus trabajadores.

 

“Aunque el pasivo laboral ya no continua creciendo por las nuevas contrataciones de trabajadores, el IMSS debe hacer frente a un flujo creciente de pagos por pensiones, derivado de los actuales pensionados en curso de pago y de la incorporación del grupo de pensionados de los actuales trabajadores con derecho a este régimen”, dice el informe financiero.

 

De esta manera, el pasivo laboral del instituto asciende a 1.9 billones de pesos, al contar las pensiones que ya se pagan, más las que se tendrán que cubrir hasta 2090.

 

Las proyecciones indican que después de 2040 el número de pensionados comenzará a descender, aunque de manera muy lenta, pues todavía para 2060 el IMSS deberá pagar casi 100 mil pensiones. Sin embargo, los cálculos señalan que esto concluirá hasta 2095, cuando todos los empleados o los familiares que reciben la pensión hayan fallecido.

 

Gustavo leal, especialista en el tema de seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana, recordó que los trabajadores contratados después de 2005 ya no generan ningún pasivo, pues fueron contratados bajo el régimen de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

 

Por su parte, Rodríguez señaló que los pagos pendientes se podrán costear durante los siguientes años con las cuotas que siguen aportando los trabajadores en activo.

 

No obstante, la especialista detalló que en los próximos siete años 16 mil 708 trabajadores se podrán retirar anualmente, lo que significará que estas personas dejarán de pagar sus cuotas y se convertirán en una carga para el IMSS.

 

“Buena parte de los que están pagando a los retirados, se está pagando con las cuotas de los que todavía están activos y que no tienen cuenta individual. El problema es que esa gente se está retirando y ya no va a pagar más cuotas, pero sí va a cobrar sus pensiones”, apuntó Rodríguez.

 

Esta situación incrementará el costo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del instituto, que actualmente requiere alrededor de 50 mil millones de pesos, y que en 2021 necesitara casi 80 mil millones de pesos para solventar los pagos.

 

Es a partir de ese año cuando el número de pensionados y el monto de recursos irá en escalada hasta llegar al pico máximo, según se observa en las gráficas elaboradas por la misma dependencia.

 

Ante esta situación, Flavia Rodríguez recomendó “tratar de darles incentivos para evitar esas jubilaciones, que de esos 16 mil que están programados para los próximos años, traten que no se jubilen ninguno y sigan trabajando”.

 

Ya a principios de julio, Carlos Treviño, director de Finanzas del IMSS, había anunciado que la dependencia trabaja en un nuevo esquema para retener a los trabajadores que deberán jubilarse en los próximos años.

 

De esta manera, podría haber una viabilidad financiera para hacer frente a los pasivos laborales y mantener la inversión de infraestructura que se requiere para atender a los derechohabientes, que también están envejeciendo y demandan más servicios de salud.